La Defensoría del Pueblo organizó en conjunto con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal esta actividad el pasado 30 de marzo para dialogar sobre la importancia de reconocer, proteger y garantizar los derechos de las y los consumidores hipervulnerables.
La Defensoría organizó un nuevo encuentro virtual con la participación de funcionarios y especialistas, en el marco de la Semana del Consumidor y del Usuario en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa buscó analizar desde diferentes perspectivas el impacto en el sector aeronáutico y sus consecuencias tanto desde el aspecto social como económico.
La celebración, que se realiza cada 15 de marzo, fue instituida por la ONU en 1983 para conmemorar el discurso que pronunció el presidente John F. Keneddy el mismo día pero en 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo.
El encuentro congregó a referentes del campo académico y profesional en el que se expusieron y analizaron los desafíos tendientes a la resolución de los conflictos de los turistas y usuarios de transporte aéreo como consumidores.
Están orientadas a mejorar la protección jurídica en las relaciones de consumo y abarcan la extensión de garantías, el acceso a contratos de adhesión y la implementación de mecanismos ágiles para dar de baja servicios.
El subsecretario de Protección y Promoción de Derechos de la Defensoría, Norberto Darcy, participó del encuentro realizado ayer en el stand que la Legislatura porteña dispuso en la Feria Internacional del Libro.
Por quinto año consecutivo, la Defensoría organizó un encuentro con la participación de funcionarios y especialistas, en el marco de la Semana del Consumidor y el Usuario en la Ciudad de Buenos Aires.
La celebración, que se realiza cada 15 de marzo, fue instituida por la ONU en 1983 para conmemorar el discurso que pronunció el presidente John F. Keneddy el mismo día pero en 1962 para reconocer al consumidor como un elemento fundamental dentro del proceso productivo.
Una iniciativa de la Defensoría propone modificar la ley 4827 -que regula la exhibición y publicidad de precios en el ámbito de la Ciudad- para imponer a los supermercados y demás comercios y autoservicios asimilables el deber de abstenerse de realizar cualquier conducta que impida o menoscabe la libertad de los consumidores de tomar nota de los precios exhibidos y contemple también otras opciones como las de sacarles fotos o filmarlos.