Integrantes del Programa de Derechos Culturales y del área de Usuarios Esenciales de la Defensoría se reunieron con las autoridades del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) y con representantes de espacios culturales independientes de la Ciudad de Buenos Aires para analizar el acceso a la tarifa social comunitaria de los servicios de electricidad y gas.
Se informa a todos los usuarios que las gestiones por tarifa social y subsidio para la compra de garrafas se realizan ante Anses, ya sea en la UDAI o a través de la página Mi ANSES.
El Ministerio de Energía y Minería, a través de la Resolución n° 218/2018, determinó que los usuarios de gas con Tarifa Social no abonarán el importe fijado para los consumos en metros cúbicos del bimestre mayo/junio.
Durante el primer semestre de 2017, la Subsecretaría de Deportes y Juventud de la Defensoría realizó una serie de relevamientos en los clubes de barrio porteños para analizar de manera integral su infraestructura, los deportes que se desarrollan en ellos, la cantidad de asociados que tienen y la cuota social que abonan. Las conclusiones del trabajo.
La Defensora Adjunta María América González realizó diversas jornadas de difusión y recepción de los formularios de Tarifa Social en los centros de jubilados “Raúl Matera”, “San Cristóbal”, “Hipólito Yrigoyen” y “Lugano Central”.
La Defensoría Adjunta del Pueblo a cargo de María América González informa a todos los usuarios en general y a los usuarios electrodependientes en particular, acerca de los derechos que les asisten.
Tras el trabajo y las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, cada vez son más los usuarios que logran acceder al régimen.
Mediante la Resolución 4065/2016 del ENARGAS se ratificaron los criterios de ampliación de usuarios para el ingreso a la Tarifa Social, conforme a la Resolución Nº 219 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
El Defensor del Pueblo porteño y la Defensora Adjunta María América González se reunieron ayer con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación para trabajar sobre los alcances del régimen de tarifa social para los servicios públicos.
Es por un caso en particular, pero la situación afecta a cientos de personas que perciben la tarifa social y que durante el tiempo que tardó la implementación del régimen las empresas eléctricas les cobraron la tarifa plana y ahora se niegan a contemplarles la retroactividad.