Cada vez son más los usuarios que acceden a la Tarifa Social para los servicios públicos. Y esto tiene que ver con el trabajo que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Área de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía y Minería, con el objetivo de que nadie que la necesite y haya hecho el trámite correspondiente se quede sin acceder al régimen.
La tarea que efectúa la Defensoría del Pueblo con la cartera a cargo de Carolina Stanley y la subsecretaria de Política Tarifaria que conduce Andrés Chambouleyron busca atender también a aquellos casos particulares que no están contemplados dentro de los requisitos previstos para acceder a la tarifa social, pero que atento a sus particularidades y tras la solicitud ante el Ministerio de Energía de la Nación y el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) lograron ingresar al régimen.
En ese marco, la Defensoría reclamó en más de una oportunidad a las autoridades correspondientes que se amplíe el alcance de ese beneficio para las personas que no están actualmente contempladas y que se resuelva la situación de muchos ciudadanos que sí cuentan con los requisitos pero que sin embargo no pueden acceder a la Tarifa Social.
