Como sucedió en las audiencias públicas del gas y de la energía eléctrica, Mielnicki inició su alocución recordando que expuso “en representación de la Defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños”.
Para comenzar, Mielnicki aseguró que «desde la Defensoría, entendemos que la segmentación tarifaria permitirá centrar la utilización de fondos públicos en los sectores de la población con mayor fragilidad económica, reduciendo o quitando los mismos a aquellas que tienen mayor poder adquisitivo«.
Sin embargo, el representante de la Defensoría pidió extremar los recaudos para evitar situaciones injustas, como que una persona que necesita el subsidio deje de recibirlo o, por el contrario, que se mantenga el subsidio en casos que no lo requieren: «Está claro que el contexto social y económico que tenemos como país, luego de años de vaivenes políticos, sumados a los efectos de la pandemia, reducen el margen de error que tienen los funcionarios a la hora de tomar decisiones que afecten el bolsillo y la vida de las personas«, dijo y agregó: «No desconocemos la absoluta razonabilidad de la segmentación tarifaria, pero su aplicación, sin considerar los medios y recursos estatales necesarios para afrontar inequidades, errores e incorrecciones, podría dar lugar a situaciones de enorme injusticia y de perjuicio a personas«.
Para ejemplificar algunos casos que podrían dar lugar a injusticias a la hora de quitar el subsidio, Mielnicki recordó algunas inconsistencias a la hora de aplicar el beneficio de la tarifa social, destinado a los sectores más vulnerables de la población: «La experiencia en el manejo del beneficio de la tarifa social nos puede dar algunas enseñanzas importantes. En la Defensoría recibimos desde hace años reclamos de usuarios a quienes les corresponde el beneficio y se ven imposibilitados de acceder a él. Esto tiene que ver con las deficiencias en los procedimientos establecidos por el Gobierno anterior pero que todavía no se mejoraron. Esta situación nos pone en alerta y queremos reiterar los riesgos de implementar medidas razonables, como las que estamos discutiendo, pero sin dimensionar previamente los recursos estatales necesarios para llevarla de manera ordenada y efectiva«.
Entre las injusticias que podrían surgir a la hora de cobrar las tarifas de forma segmentada, Mielnicki enumeró sectores sociales que se verían perjudicados por vivir en zonas de alto poder adquisitivo: «Jubilados con ingresos apenas por encima de los dos salarios mínimos quedarían excluidos; trabajadores inquilinos de ingresos medios; grupos familiares de clase media con dificultades económicas; personas que cumplen con los requisitos para la tarifa social pero que por distintos motivos no han accedido al beneficio«, dijo y luego brindó más ejemplos de personas que perderían los subsidios por los ingresos que perciben: «Titulares con grupo familiar amplio a cargo; personas que deban afrontar pago de medicamentos por enfermedades crónicas o de gravedad propia o de un familiar; personas con gastos extraordinarios por motivos probados; personas que posean el Certificado Único de Discapacidad«.
«Como dijo la Defensora del Pueblo porteña en otra audiencia, no olvidemos que el mapa no es el territorio«, afirmó Mielnicki y por eso exigió que «al momento de realizar la quita de subsidios, el sistema estatal cuente con la agilidad suficiente para recibir la cantidad de pedidos de reconsideración de casos particulares y evitar rápidamente la emisión de liquidaciones por parte de las empresas con tarifa plena a personas a quienes no les corresponde la quita de subsidio por su situación económica y social«.
Para terminar, Mielnicki pidió que, paralelamente a la segmentación tarifaria, se impulsen campañas de concientización sobre el uso de la energía para «evitar el uso indebido de recursos que son agotables«.
