Servicios Públicos e Impuestos

La Defensoría del Pueblo porteña participó de la audiencia pública para discutir la tarifa de gas

10 mayo, 2022
El titular del área de Servicios Públicos del organismo, Diego Mielnicki, hizo un diagnóstico de la situación general, pidió extender y revisar el régimen actual de tarifa social y realizó dos propuestas concretas para mejorar la vida de los usuarios y usuarias.
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El representante de la Defensoría pidió que los aumentos se fijen con racionalidad, sin dejar a nadie sin poder acceder al servicio; exigió que se mantenga y extienda el régimen de tarifa social; solicitó que el monto de subsidios que dejarían de recibir los sectores más beneficiados se destine a aquellos que más dificultades tienen y realizó dos propuestas.

Vengo a hablar en representación de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños”, dijo Mielnicki al comenzar su alocución y enseguida remarcó la difícil situación económica que afecta a importantes sectores sociales. “Como hemos dicho en todas las audiencias anteriores, desde la Defensoría vemos todos los días las dificultades que atraviesa una gran cantidad de usuarios y usuarias para afrontar el pago de los servicios, no solamente de gas, sino del resto de los servicios públicos esenciales. Independientemente de las gestiones y de los gobiernos, cada vez se hace más difícil para gruesos sectores de la población”.

Para graficar la situación, Mielnicki se mostró preocupado por “la cantidad de usuarios y usuarias que deben endeudarse con distintos tipos de créditos, algunos directamente usurarios, para afrontar planes de pago que se obtuvieron para abonar las tarifas”.

Recordó que, desde la gestión de Juan José Aranguren al frente del Ministerio de Energía de la Nación, en 2015, se aplicaron “tarifazos” que, calculados al día de hoy, generaron “aumentos que llegan al 9000% en algunas categorías, como la R1”.

En ese contexto, Mielnicki destacó que “los aumentos de tarifas vayan siempre por debajo de los aumentos salariales y que haya una especial atención en la situación de la tarifa social, que todavía viene arrastrando irregularidades generadas durante la gestión Aranguren”.


TARIFA SOCIAL

A partir de diciembre de 2017 –continuó Mielnicki-, empezó a aplicarse el criterio de los llamados bloques de consumo, que establecieron un límite a la cantidad de metros cúbicos contenidos en el beneficio, lo cual perjudicó a los usuarios con tarifa social. Muchas veces esta tarifa social con bloques de consumo resulta insuficiente y está alejada del consumo razonable de una familia del ámbito metropolitano”.

En ese marco, desde la Defensoría se pidió “ampliar el alcance de la tarifa social” y "corregir este sistema de bloques de consumo impuesto en la gestión anterior”.

PROPUESTAS

-“Anular el cobro de los cargos extraordinarios por gestión y envío de deuda a los usuarios. Esto es simple, para las empresas no es demasiado costoso y va a redundar en una mejora para los usuarios”.

-“Reducir o anular los intereses aplicados en las liquidaciones vencidas y en los planes de pago. Sabemos que los usuarios están haciendo un esfuerzo descomunal por pagar las tarifas y las tasas de interés conspiran contra la vigencia de los planes de pago”.

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