El pedido surge a raíz de las advertencias de CAMMESA que trascendieron en distintos medios de comunicación, respecto a un riesgo cierto de desabastecimiento. Según la compañía, habría nuevos problemas vinculados a la generación de energía que –en un marco de proyecciones de incremento del consumo– se sumarían a las dificultades que, históricamente, han afectado a su distribución y transporte.
Dada la gravedad del escenario planteado, la Defensora también se dirigió al Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y a las empresas EDENOR y EDESUR, ambas responsables de la distribución y comercialización de este insumo en el ámbito porteño. Asimismo, extendió su solicitud a distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de conocer cómo proyectan reducir el impacto negativo en escuelas, centros de primera infancia, colonias de vacaciones, hospitales y otros establecimientos sanitarios.
Consultada sobre su intervención, Muiños expresó: “La alerta emitida por CAMMESA es grave y como organismo encargado de proteger derechos no podemos permitir que pase inadvertida. Las dependencias estatales y empresas responsables de garantizar este servicio esencial tienen la obligación de dar respuestas inmediatas para evitar cualquier situación de crisis”.
Y, en el mismo sentido, agregó: “Es urgente que se adopten las medidas necesarias para asegurar una provisión adecuada de electricidad entre los meses de diciembre y marzo del año entrante. El camino no puede ser desamparar a la población, sino priorizar trabajos de mantenimiento e inversiones largamente postergados”.
