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Defensora del Pueblo adjunta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [1]
Desde hace más de 50 años, a partir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se considera al Estado como el responsable de garantizar el acceso a la educación de todas y todos a través del suministro de la estructura y los recursos presupuestarios necesarios para ello. A partir de allí, el Estado tiene la obligación de garantizar la existencia de una oferta educativa pública al alcance de los y las ciudadanos/as. La educación es considerada el motor del desarrollo personal y social, y adquiere relevancia como uno de los derechos humanos fundamentales. El acceso universal a la educación se refiere a la igualdad de oportunidades educativas, es decir, que todos/as los/las miembros de una sociedad tengan la oportunidad de recibir educación independientemente de su clase social, género, origen étnico, etc. constituyendo de esta forma la fuente de la igualdad, el pilar de la democracia.
En ese sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos (ODS), aprobados por los dirigentes mundiales en 2015, propone una hoja de ruta para lograr “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos/as” (ODS 4) de aquí a 2030. El ODS 4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como el motor para lograr un desarrollo sostenible.
Ahora bien, ¿qué condiciones son necesarias para garantizar la igualdad educativa? ¿Se puede pensar en la educación separada del contexto que rodea a cada estudiante? Muchos/as literarios/as sostienen la hipótesis de que el nivel de aprendizaje que los y las estudiantes alcanzan depende de la oferta educativa, es decir, de la capacidad del Estado de ofrecer y garantizar una provisión del bien público educación de calidad, con relativo éxito y homogeneidad a lo largo de su territorio; y hay otros que
sostienen que el contexto social, económico y familiar en el que una trayectoria educativa se desarrolla también impone limitantes en los niveles de aprendizaje que los y las estudiantes puedan adquirir. Este planteo es fundamental tenerlo presente a la hora de diseñar políticas públicas integrales que pongan fin a las desigualdades de origen de las personas, éstas son las que la educación busca quebrar.
Para asegurar un acceso más equitativo a todos los niveles educativos para los grupos más vulnerables de la población, como así también garantizar la calidad del aprendizaje y la adquisición de capacidades relevantes a lo largo de la vida, es condición necesaria y esencial la existencia de un Estado presente que se proponga democratizar el conocimiento. Esto requiere de políticas públicas equitativas que promuevan el acceso de toda la sociedad a las competencias y saberes disponibles, para que luego puedan hacer uso de ellos y acceder a las mismas oportunidades. Un Estado que se proponga trabajar en una democratización del conocimiento es aquel que no sólo ponga su atención en mejorar la oferta educativa sino también que busque reducir las desigualdades educativas existentes mirando el contexto social y estructural, el cual es un factor decisivo en el proceso de aprendizaje.
La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción más rica del país, pero está fuertemente segmentada en su interior. A grandes rasgos, en términos de la distribución porcentual de los hogares por relación ingresos-Canasta Total según comuna y zona[2], se evidencia una fuerte desigualdad entre las comunas del sur (4, 8, 9, 10) y las comunas del norte (2, 13, 14). Mientras que en las comunas del sur el porcentaje de hogares con Ingresos menores a la Canasta Total representa un 37,5% y solo hay un 62,5% son los hogares con ingresos iguales o mayores a la canasta total; en las comunas del norte apenas un 15% de los hogares tienen ingresos menores a la canasta total y un 85% alcanza o supera el ingreso de la canasta total. Más adelante se desarrollará de manera más precisa cómo esto impacta en el nivel de desempeño educativo y en la terminalidad escolar de los y las estudiantes.
La Ciudad cuenta con una tasa de escolarización de más del 98%[3]. En términos generales no cuenta con impedimentos de acceso a la escuela (en el único nivel que esto sucede es en el inicial), sin embargo la población con menos ingresos de la Ciudad presenta dificultades a la hora de finalizar sus estudios y posee peores resultados en las pruebas de aprendizaje. Esta situación, que se profundizará a continuación es una evidencia más de que la oferta educativa no alcanza a la hora de lograr la efectiva democratización del conocimiento. En la Ciudad de Buenos Aires, se advierten desigualdades estructurales que se reflejan en el sistema educativo según el nivel social, económico y cultural de las familias en las distintas escuelas de la Ciudad[4]. Las condiciones de segmentación del sistema educativo porteño se reflejan a continuación.
Las fuertes desigualdades se presentan entre las comunas más ricas del corredor norte (13, 14, 2), y las que están en el sur de menores ingresos y mayor cantidad de población en barrios populares (4, 8). Prueba de ello es que, como se dijo, si bien la tasa de escolarización es casi del 100%, la población que tiene secundario incompleto se distribuye de manera muy desigual. La del sur casi cuadriplica la del norte: en las comunas del sur, el 35,1% de la población no terminó el secundario, mientras que en las comunas del norte solamente el 9,1% no lo hizo[5]. La desigualdad se torna evidente.
Lo que se observa a nivel geográfico entre las comunas del sur y el norte, también se replica en el estudio según ingresos promedios per cápita familiar (IPCF)[6]. Éste tiene una relación directa con la finalización de la escuela secundaria y el acceso a la educación superior. Las comunas con porcentajes del 85% o más de personas que terminaron la secundaria y pudieron acceder a la educación superior/universidad son nuevamente las más ricas: la comuna 2 (87%), que tiene un IPCF de $17442, la 13 (89%) con IPCF de $15000 y la 14 (casi el 90%) de $17557. Mientras que las comunas con porcentaje inferior a 60% de adultos/as de 25 años o más que terminaron sus estudios secundarios son las que tienen IPCF de la mitad de las comunas recientemente mencionadas, como ser la comuna 4 que tiene un 56% de personas que terminaron el secundario y un promedio de IPCF de $6630 o la comuna 8 con 47% de adultos/as que concluyeron el secundario e IPCF de $5488. Esto refleja que las comunas donde el ingreso promedio per cápita familiar es menor, más bajo es el porcentaje de adultos/as de 25 años o más que terminaron el secundario y pudieron acceder a la educación superior/universidad.
Lo mismo sucede al mirar las Pruebas Aprender del año 2018 en el nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires, se puede observar que el nivel de desempeño de los/as estudiantes varía no sólo según su nivel socioeconómico sino también según concurran a establecimientos educativos de gestión estatal o privada.
Si analizamos el nivel de desempeño en la asignatura lengua observamos que en escuelas del sector privado un 5,8 % de los/as estudiantes de hogares alcanzan niveles de desempeño básico o debajo del básico, mientras que ese mismo guarismo llega a un 17,9% en las escuelas de gestión pública. Es decir el sector estatal triplica la cantidad de estudiantes con niveles básicos o debajo de básico de lengua del sector privado[7]. La desigualdad también se hace evidente entre los distintos NSE en el propio subsector privado. Al observar los resultados de estudiantes por debajo del nivel básico en matemática, se identifica que el NSE bajo es 8 veces mayor al NSE alto.
Lo que evidencian las estadísticas es una desigual distribución de los resultados educativos según nivel de riqueza, ya sea por zona geográfica, NSE o por tipo de gestión de los establecimientos educativos. Entonces, a pesar de que la Ciudad de Buenos Aires presenta en promedio los mejores indicadores socioeducativos del país, los resultados y estadísticas analizados dan cuenta que es un territorio sumamente heterogéneo, con disímiles realidades en su interior y una profunda desigualdad. La educación es un fenómeno multidimensional atravesado por diversos factores escolares y extraescolares que se vinculan con los aprendizajes.
Como se viene sosteniendo hace varios años, una de las principales causas de que haya sectores que viven en condiciones de pobreza responde a que no han podido acceder a un servicio educativo, no logran sostener su escolaridad obligatoria o acceden a una educación de calidad desigual, y ello muchas veces se debe a que provienen de familias que no tienen los recursos necesarios para iniciar o sostener un proceso de aprendizaje oportuno y relevante. Esta desigualdad en el acceso a la educación, a un nivel de aprendizaje homogéneo, y en la permanencia en la escolaridad obligatoria evidencia la falta o insuficiencia en el accionar del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a una educación de calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas con igualdad. Esto no solo responde a la falta de políticas públicas integrales, sino también a las prioridades del Estado en términos de grupos sociales destinatarios de estas políticas estatales y/o territorios donde estas se implementen. Tanto la acción como la inacción del Estado puede producir y reproducir desigualdades sociales y educativas.
Para explicar la base de esta desigualdad en el acceso a la educación en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario ir más allá de la existencia de escuelas, de la cobertura educativa, de las tasas de escolarización y de analfabetismo. Para entender la desigualdad que existe hoy en el acceso al derecho a la educación es necesario tener presente el contexto y entorno de los y las estudiantes. El nivel económico de las familias, el nivel educativo alcanzado por los padres y madres, el acompañamiento que referentes afectivos pueden llevar adelante a los/as estudiantes, el ingreso promedio que percibe una familia, las condiciones de hábitat, salud, alimentación y de empleo que tiene un grupo familiar también inciden en las trayectorias y aprendizaje de los estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta que estas variables son también importantes a la hora de garantizar una educación equitativa, ¿cuán integrales tienen que ser las políticas públicas para lograr la disminución de las desigualdades educativas? Es decir, si con la existencia de una escuela, un/una docente, todas las condiciones mínimas que hacen al desarrollo de una clase están garantizadas, ¿cómo reducir las condiciones de desigualdad que encontramos hoy en la Ciudad de Buenos Aires respecto de los desempeños educativos? Éstas son las preguntas que debe hacerse el Estado a la hora de llevar adelante políticas públicas educativas, porque sino no se va a lograr una reducción efectiva de la desigualdad, la educación dejará de ser un factor de quiebre de la reproducción intergeneracional de la pobreza y el conocimiento no será democratizado.
Un nuevo desafío: aprender fuera de la escuela
La pandemia, en lo referido a la educación como en muchos otros temas, ha puesto en evidencia estos problemas de desigualdad a los que se viene haciendo referencia. El aislamiento social preventivo y obligatorio ha desafiado el sistema educativo tal cual lo conocíamos hasta ahora. Su perdurabilidad ha complejizado el concepto de exclusión educativa al existir nuevos factores, sumados a los antes mencionados, que acentúan la desigualdad en el acceso a una educación de calidad. Las tecnologías, (dispositivos tecnológicos y conectividad a internet) se han insertado fuertemente en el mundo educativo, y se presentan como las herramientas por excelencia para continuar el proceso pedagógico desde los hogares, además de ser fundamentales para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales.
Para quienes se mostraban reticentes al avance de la tecnología, el contexto actual de emergencia sanitaria, vino a demostrar que hoy no existe la igualdad en el acceso a la educación sin que todos/as los/as niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a las nuevas tecnologías (TICs). Ya no entendemos la tecnología como un elemento auxiliar, secundario e incluso instrumental, hoy se nos presenta como un elemento constitutivo del conocimiento humano. En este contexto entonces, el acceso a Internet tiene un vínculo directo con el acceso a la educación. Según datos aportados por UNICEF[8], en América Latina y el Caribe aproximadamente 154 millones de niños, niñas y adolescentes -más del 95% de los matriculados y matriculadas en la región- se encuentran temporalmente fuera de las escuelas a causa del Covid-19, y un gran porcentaje de ellos y ellas no tienen forma de acceder a los contenidos educativos de manera virtual. Esta situación se extendió más de lo esperado inicialmente, y podría aumentar el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente de los niños y niñas más vulnerables. En Argentina según datos publicados por CIPPEC[9], más de 10 millones de estudiantes y casi 900 mil docentes de nivel inicial, primario y secundario se vieron afectados por el cierre de las instituciones educativas.
Como se venía sosteniendo, la falta de acceso a internet[10] afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población y trae aparejado la consiguiente limitación para el ejercicio de otros derechos fundamentales. En América Latina y el Caribe se calcula que al 7 8 menos 300 millones de personas no tienen acceso a Internet . En Argentina el acceso a internet se encuentra desigualmente distribuido, tanto entre provincias como a su interior, según niveles socioeconómicos. El informe elaborado por CIPPEC[11], refleja que mientras el 10 100% del Nivel Socioeconómico Alto de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con cobertura de internet, sólo el 50% del Nivel Socioeconómico Bajo cuenta con conectividad. A nivel Nacional, y refiriéndonos al NSE Bajo, hay jurisdicciones como La Pampa y Santa Cruz donde el 60% de dicha población tiene cobertura a internet y otras como San Juan que sólo el 22% de los hogares de menor poder adquisitivo tiene conectividad[12].
Los resultados de los primeros informes preliminares de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica realizado por UNICEF[13] durante el período de 12 aislamiento, revela que menos de la mitad de los hogares de Argentina cuentan con acceso fijo de Internet de buena calidad en la señal. Por otro lado 3 de cada 10 de hogares no tiene acceso fijo a Internet: 27% accede solo por celular y 3% no tiene internet de ningún tipo. El 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Esto supone un problema a la hora de compartir dispositivos entre distintos integrantes en un hogar con varios niños/as en edad escolar. En el Área Metropolitana del AMBA, el 45,6% de los hogares con niños/as no tienen una PC, tablet, o similar, y el 31,5% no tienen conexión a servicio de internet.
Otra muestra de la desigualdad es que conforme resulta del informe preliminar de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica[14] el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que asisten al sector estatal. Con este escenario, la educación tuvo que desplazarse desde las escuelas a los hogares lo que profundiza y consolida desigualdades en el acceso y la calidad educativa. La complejidad aportada por la necesidad no solo de conectividad sino también de dispositivos electrónicos y del acompañamiento de adultos/as que puedan dedicarse casi exclusivamente a las tareas de cuidado, ha profundizado aún más esta diferencia entre poblaciones ricas y pobres, como así también las diferencias entre varones y mujeres[15] .
Este contexto extraordinario produjo una especie de virtualización forzosa de la educación y la digitalización llegó para quedarse. La educación deberá enfrentar un cambio de paradigma, donde la virtualidad y la presencialidad deberán convivir y donde el Estado deberá garantizar el acceso de todos/as los/as niños/as, adolescentes y jóvenes a la educación mediante políticas públicas dispuestas a acortar la brecha social y digital que vino a poner en jaque al sistema educativo en el marco de la pandemia. Sin duda esta nueva normalidad va a exigir que el foco esté puesto en una materia que, como se vio anteriormente, la Ciudad tenía parcialmente resuelta, la referida a garantizar el suministro de la estructura y los recursos necesarios para contar con una oferta educativa pública al alcance de todas y todos. Ahora se debe trabajar poniendo el principal foco en aquellos sectores que ya antes de precisar internet y dispositivos accedían de manera desigual a la educación, como se mencionó en el primer apartado. A todas luces es el Estado quien debe asumir un rol protagónico con la mirada puesta en fortalecer la infraestructura digital. Debe garantizar un abastecimiento de equipamiento digital y un real acceso a la conectividad.
La importancia de democratizar contenidos: la Educación Sexual Integral (ESI)
El acceso a internet y dispositivos tecnológicos no es la única falencia que trajo esta pandemia en términos educativos. En Argentina en el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) N°26.150, la cual establece el derecho de todos/as los/as niños/as y adolescentes a recibir información científicamente validada acerca de la sexualidad en todos los niveles de escolaridad (inicial, primaria, secundaria y terciario). Es importante destacar que la ESI adapta su contenido a la edad, etapa de desarrollo de los/as niños, niñas y adolescentes en los distintos niveles educativos.
La ESI es IMPORTANTE para que niños, niñas y adolescentes puedan:
- Tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad, y su salud.
- Construir relaciones respetuosas.
- Respetar y cuidar la intimidad propia y las de las demás personas.
- Respetar la diversidad. 5. Prevenir situaciones de abuso sexual.
- Identificar situaciones de violencia y acoso y denunciarlas.
- Conocer y decidir qué métodos anticonceptivos usar.
- Prevenir embarazos NO intencionales.
- Conocer y cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual.
- Aprender sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo.
- Conocer sus derechos y tener herramientas para exigirlos.
Esta norma obliga a todos los establecimientos educativos, tanto de gestión estatal como privada a garantizar este derecho y una adecuada capacitación para los/as docentes quienes son los/as encargados/as de transmitir estos conocimientos. Sin embargo, ya en situaciones previas al ASPO distintas instituciones educativas mostraron resistencias al cumplimiento de este derecho basados en que el artículo 5 de la norma establece que “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Este artículo de la ley ha supuesto una excusa para impedir a estudiantes de todo el país acceder a su derecho. Prueba de ello son las evaluaciones del operativo Aprender del año 2017, las cuales reflejaron que un 75% de los estudiantes de secundaria opinó que hay temas o actividades que la escuela debería abordar o enseñar y no lo hace. En referencia a cuáles son esos temas, el 79% del total pidió educación sexual integral y el 76% señaló la violencia de género u otros tipos de violencia como un tema importante a tratar en las aulas.
Según un informe de MuMaLa de 2016, en la Ciudad de Buenos Aires el 31% de los jóvenes encuestados/as no recibió educación sexual en la escuela. El 69% restante asoció la ESI únicamente al funcionamiento del aparato reproductivo, a los métodos anticonceptivos o a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Teniendo en cuenta que previo al ASPO ya existían barreras institucionales para implementar y garantizar el derecho a la ESI en las escuelas, este nuevo contexto hace aún más difícil que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan acceder a ella.
Estos impedimentos que coartan derechos, se vuelven aún más alarmantes teniendo en cuenta que un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires[16] reveló que en el 2019 entre el 70% y el 80% de las niñas, niños y adolescentes que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializada del organismo pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral. Ello refleja que la ESI no solo les brindó herramientas que les permitieron detectar las situaciones de abuso sino que también presentó a la institución educativa como un espacio de confianza donde las y los estudiantes pueden manifestar las diferentes situaciones que atraviesan. En este momento es que se hace necesario priorizar los contenidos de la ESI que se relacionan con los vínculos, los afectos y las emociones, aquellos que postula la Ley 26.150 cuando creó el Programa de Educación Sexual Integral.
Acercar contenidos como la ESI y democratizar información científicamente validada es una tarea del Estado que no sólo debe consistir en elaborar leyes sino también en garantizar su cumplimiento. El Estado debe velar por la correcta implementación de la ESI y asegurar que todos los establecimientos educativos la dicten. La ESI es un derecho de todos/as los y las estudiantes y es una herramienta fundamental para la prevención del embarazo adolescente; detectar situaciones de violencia y/o abuso en los hogares. Por lo que es imperioso generar instancias donde los y las adolescentes y jóvenes puedan ser escuchados y escuchadas.
La juventud movilizada: un actor clave para democratizar el conocimiento y garantizar derechos
Considerando lo anteriormente expuesto, y atendiendo a la necesidad de democratizar el conocimiento, el movimiento estudiantil y los y las jóvenes organizados/as son hoy más que nunca actores clave a la hora de manifestar sus demandas, entre las que se encuentra la preocupación por la deserción escolar que puede dejar esta pandemia, la inequidad en el acceso al derecho a la educación y la necesidad de que la ESI llegue a todos los hogares en la normalidad y en el contexto de ASPO, entre tantas otras. Por ello, es importante que los/as mismos/as jóvenes sean parte de la toma de decisiones del Estado, se constituyan en un interlocutor con quien los generadores de políticas públicas deban interactuar a la hora de generar soluciones a los problemas aquí enunciados y a muchos otros que atraviesan a la juventud. El Estado tiene que nutrirse de la iniciativa de la juventud fuertemente movilizada y conocedora de sus realidades, la cual demanda el cumplimiento de sus derechos. Esa es una de las formas de lograr la democratización del conocimiento, democratizar la toma de decisiones y abrir mayores canales de participación. Las formas de garantizar una verdadera educación accesible, no solo en edificios y aulas, sino también en contenidos y formas. No hay interlocutor más válido que los/as jóvenes que reciben contenidos, que asisten al colegio o a sus clases virtuales, o que no pueden hacerlo fruto de una realidad que está claramente alejada de quienes toman las decisiones.
Persiguiendo este objetivo, hace un año ya, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, creamos el Consejo de la Juventud -un espacio multisectorial y multipartidario pensado para que las y los jóvenes de la Ciudad puedan trabajar conjuntamente como colectivo- con el objetivo de que se convierta en un interlocutor frente al Estado. Que puedan interpelar a sus autoridades, demandar respuestas ante problemas que ellos conocen en primera persona. Debemos tener presente que las juventudes tienen claridad en el modelo de vida al que aspiran y es por ello que requieren de una activa participación e inclusión en los diferentes espacios de toma de decisión. Afortunadamente cada vez más están ocupando espacios, que van más allá de las escuelas y universidades y se desempeñan en cargos de decisión. Pero es vital, sobre todo en este contexto, que las políticas públicas que se lleven adelante alcancen tantos niños, niñas adolescentes y juventudes como realidades sociales, económicas y culturales existan, abordando las problemáticas de estos sectores de manera integral y conjunta.
Palabras finales
Nuestro país presenta alarmantes indicadores de pobreza y desigualdad. Según datos del INDEC[17] (2º semestre 2019) el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza alcanzó al 35,5%. Dentro de este conjunto se distingue un 8% por debajo de la línea de indigencia. Más preocupante aún resulta el porcentaje de niños/as en condiciones de pobreza, más de la mitad (52,3%) de las personas de 0 a 14 años son pobres.
El principal factor que puede favorecer el quiebre intergeneracional de la pobreza es sin duda la garantía de una educación libre, laica, gratuita y de calidad para todos/as los/as argentinos/as. Para eso es vital conocer y dimensionar aquellos factores que explican las desigualdades educativas existentes. Sin ese punto de partida fundamental, es imposible revertirlas.
Por ello, para verdaderamente lograr la democratización del conocimiento debemos empezar por reconocer las brechas de desigualdad educativa existentes dando cuenta de los factores que las originan, producen y/o reproducen.
La política educativa con una perspectiva de equidad social integral juega un rol muy importante en la reducción de la desigualdad a partir de la mejora en la provisión del servicio educativo en las zonas más desaventajadas, y eso es la fuente primera de la democracia. El objetivo a largo plazo debe ser promover una participación más igualitaria de los/las ciudadanos/as en el debate y en la toma de decisiones, significando un proceso de retroalimentación: mejores políticas educativas con dimensión de las situaciones sociales en las que se encuentran los y las estudiantes generan menor desigualdad, mayor democratización del conocimiento y éste influye en mayor participación de la sociedad en la definición de políticas públicas. Es decir, para la efectivización de una democracia real, es imprescindible que exista una verdadera igualdad en el acceso a la educación, y eso sólo lo 16 puede garantizar el Estado. Las desigualdades persistentes en materia de acceso a contenidos y dispositivos educativos, tecnológicos y a internet evidencian la deuda de la democracia en materia educativa y la necesidad de políticas públicas orientadas a reducir la marcada segmentación del sistema educativo y de nuestra sociedad. La política educativa necesita reconstruirse y esto no puede, ni debe, dejar de lado la voz de los/as destinatarios/as de las políticas públicas educativas, sin los/as jóvenes posiblemente muchas iniciativas se frustren y no logren su objetivo inicial. Pero es central que a la hora de diseñar políticas educativas se las considere de forma integral, teniendo en cuenta el contexto social, económico y familiar en el que se desarrollan las trayectorias educativas de los y las estudiantes, para lograr de este modo que de verdad la educación se constituya como un factor de quiebre de la desigualdad y la pobreza.
[1] Magister en Administración y políticas públicas y Licenciada en Ciencia Política.
[2] Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas del GCBA. Anuario estadístico 2019. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2020/09/anuario_estadistico_2019.pdf
[3] Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas del GCBA. Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por grupo de edad y quintil de ingreso per cápita familiar (IPCF). Disponible en : https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=103338
[4] Ministerio de Educación de CABA, UEICCE, Índice de situación socioeconómica de los alumnos en escuelas primarias (ISSAP) y secundarias (ISSAS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017. Disponible en : https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/issap-issas_21-09-17.pdf
[5] Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas del GCBA. Distribución porcentual de la población de 25 años y más por máximo nivel de instrucción alcanzado según zona y sexo. Disponible en : https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=103332
[6] Ministerio de Educación de CABA. Estadística. Tu comuna en cifras. Disponible en : https://www.buenosaires.gob.ar/calidadyequidadeducativa/estadistica/tu-comuna-en-cifras
[7] Ministerio de Educación de Nación. Informe de Resultados Aprender 2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en : https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_caba_primaria_2018_0.pdf
[8] UNICEF, COVID-19: Más del 95 por ciento de niños, niñas y adolescentes está fuera de las escuelas en América Latina y el Caribe, 2020. Disponible en : https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-de-ninos-y-ni%C3%B 1as-esta-fuera-de-las-escuelas
[9] Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Educar en tiempos de pandemia: entre el aislamiento y la distancia social, 2020. Disponible en : https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/07/Cardini-et-al.-2020-Educar-en-tiempos-de-pande mia.-Entre-el-aislamient….pdf
[10] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe, 2016. Disponible en : http://www.oecd.org/internet/broadband/lac-digital-toolkit/Home/LAC-Broadband-Toolkit-ESP-Excerpt. pdf
[11] Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Educar en tiempos de pandemia: entre el aislamiento y la distancia social, 2020. Disponible en : https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/07/Cardini-et-al.-2020-Educar-en-tiempos-de-pande mia.-Entre-el-aislamient….pdf
[12] Íbid.
[13] UNICEF y el Ministerio de Educación presentaron la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica durante el COVID. Disponible en : https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/unicef-y-el-ministerio-de-educacion-presentaro n-evaluacion-nacional
[14] Ministerio de Educación de Nación, Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. Informe Preliminar. Disponible en : https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/resumen_de_datos_informes_preliminares_directivos_ y_hogares_0.pdf
[15] Según UNICEF (2020), el apoyo para realizar los deberes es principalmente realizado por las madres (87%). UNICEF, El impacto de la Pandemia COVID-19 en las familias con niñas, niños y adolescentes, 2020. Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/media/8966/file/Encuesta%20R%C3%A1pida%20COVID-19%20-%2 02da%20ola.pdf
[16] Ministerio Público Tutelar, La educación sexual en los colegios dio buenos resultados, 2020. Disponible en : https://mptutelar.gob.ar/la-educaci%C3%B3n-sexual-en-los-colegios-dio-buenos-resultados
[17] INDEC, Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos, 2do semestre 2019. Disponible en : https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_195EFE752E31.pdf
