El 26 de junio de 1987 entró en vigor la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Esta fecha recuerda la importancia de erradicar la tortura y apoyar a quienes padecieron sus consecuencias.
El mencionado Consejo, previsto en la ley de creación del Mecanismo Local, culminó su conformación en diciembre del año pasado y está constituido por representantes de Organizaciones No Gubernamentales quienes llevaron a cabo el proceso de selección establecido según el reglamento marco.
Los y las integrantes son Indiana Guereño, por la Asociación Pensamiento Penal (APP); Manuel Tufró, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Claudia Cesaroni, por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC); Gisela Emma Cardozo, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); y Alexis Kalczynski, por el Movimiento No Matarás.
Durante el encuentro de trabajo se conversó sobre las tareas que se están llevando a cabo y las formas de articulación entre el Comité y el Consejo del Mecanismo Local. En virtud de ello, se planificaron las acciones a desarrollar de manera conjunta para este 2024.
Con respecto al apoyo a las víctimas de la tortura, la Legislatura porteña sancionó la Ley 5787 que creó el Mecanismo Local en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consta de una estructura interna conformada junto a diferentes actores institucionales y de la sociedad civil, de acuerdo con la normativa de creación del Mecanismo.
Es en el marco de sus funciones que el Mecanismo realiza monitoreos en lugares de encierro de la ciudad para elaborar diagnósticos sobre las problemáticas observadas que permiten, por ejemplo, confeccionar un registro de casos de tortura y malos tratos que facilita el seguimiento permanente y una evaluación posterior acerca de estos espacios.
Otra de las competencias del Mecanismo se relaciona con la vigilancia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
