De esta manera, con el voto de la mayoría de los integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, se ratificó la orden para que se concrete el traslado de esas personas al servicio penitenciario federal, dispuesta a fines de febrero por el juzgado de primera instancia interviniente.
En su oportunidad, la Defensoría había denunciado que la permanencia de personas condenadas en espacios transitorios, carentes de las condiciones mínimas para alojarlas, vulneraba sus derechos fundamentales y contradecía normativas nacionales e internacionales. Hasta el 18 de febrero pasado, se contabilizaban 2.455 personas detenidas en comisarías y alcaidías porteñas, de las cuales 411 tenían condena y 181 con sentencia firme.
Puntualmente, el organismo había destacado los problemas de hacinamiento, deficiencias sanitarias, riesgos para la salud física y psicológica y restricciones a la asistencia jurídica y las visitas. También había advertido que la falta de infraestructura y personal capacitado agravaba la situación, ya que potenciaba los conflictos y la inseguridad. De hecho, entre 2023 y lo que va de este año, esa precariedad facilitó que se produjeran más de 40 fugas.
La Defensoría del Pueblo calificó al pronunciamiento de este tribunal como una buena noticia, con la finalidad de que se pueda destrabar y acelerar las negociaciones entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Servicio Penitenciario Federal.
Acceder al Fallo de la Sala III http://»D:\Escritorio\fallo tribunal.pdf»
