El plan, que abarca una superficie de 72 hectáreas y tiene como objetivo crear un espacio de usos múltiples, enfrenta críticas por su posible efecto negativo en el entorno urbano y ambiental.
La población estimada de la iniciativa es de 45.341 personas, entre residentes, usuarios de las oficinas y visitantes de los comercios y espacios verdes públicos. Uno de los puntos más críticos es la falta de un proyecto claro para las obras. Al respecto, Muiños señaló que «hay un incumplimiento de la Ley 123, porque, al carecer de un objeto preciso, no puede ser una herramienta ni predictiva ni preventiva».
Además, criticó la poca participación de las comunas en la elaboración de este proyecto. “No se promovieron etapas de participación ciudadana más allá de lo establecido en los artículos 89 y 90 durante su tratamiento legislativo. La falta de intervención que se le está dando a la Comuna, entendiendo que los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes de la Ciudad son de competencia exclusiva de las comunas. En la planificación, en ejecución y en el control de esos trabajos”, aseguró la Defensora.
Muiños también expresó su preocupación por la proximidad del proyecto a la Central Costanera Sur, la mayor termoeléctrica del país: «Decidir que es bueno edificar una pequeña ciudad junto a una central eléctrica debe ser un caso bastante extraño a nivel mundial”.
Otro de los temas cuestionados fueron los niveles de contaminación sonora, que genera “peligro para la salud”, dijo Muiños y agregó: «El ruido medido en esa zona está siempre y en todos los casos por encima de las recomendaciones», en alusión a la cercanía de las inmensas chimeneas que funcionan las 24 horas del día.
Con respecto a la calidad del aire, Muiños mencionó que las mediciones realizadas no incluyeron algunos contaminantes peligrosos, como el ozono y el plomo, lo que pone en duda la seguridad ambiental del área: «No midieron ozono, plomo, benceno ni partículas sedimentables».
Por último, la Defensora criticó que “no se está tomando en cuenta el cambio climático, el riesgo de inundaciones. ¿Quién se va a hacer cargo de los gastos y las inversiones que deberán realizar para las medidas de adaptación al cambio climático. Esto no figura en ningún lado. No está en el estudio de impacto ambiental, no está en el convenio urbanístico”.
Asimismo, Muiños afirmó que “una de las grandes deudas de la Ciudad es la Ley de Humedales. Si hubiera ley, este proyecto no sería posible en estas condiciones”
La audiencia pública puso en relieve las múltiples falencias y preocupaciones que giran en torno al plan Costa Urbana, desde la falta de una planificación urbana integral hasta los potenciales riesgos ambientales. “Es necesario realizar evaluaciones de impacto ambiental detalladas y específicas para cada etapa del desarrollo. Con todas estas falencias es imposible que este certificado de aptitud ambiental vaya más allá de lo que es; es decir, exclusivamente para el inicio de las obras», concluyó la Defensora.
