El encuentro se realizó el miércoles 28 de octubre en la Legislatura. Reunió a legisladores, organismos de derechos humanos, defensorías, organizaciones migrantes y de la sociedad civil, sindicatos, universidades y referentes comunitarios.
El eje fue analizar los derechos de las personas migrantes frente al avance de los discursos xenófobos, las políticas de criminalización y las prácticas discriminatorias que afectan su vida cotidiana. El punto de partida fueron dos documentos recientes de comités de Naciones Unidas que fijan directrices para erradicar la xenofobia.
La apertura estuvo a cargo de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños, y, por la Legislatura, del diputado Andrés La Blunda (Fuerza por Buenos Aires). Muiños advirtió sobre “la gravedad de las medidas que asocian la migración con el delito” y remarcó: “Migrar no es una amenaza, sino un derecho, y en su protección se pone a prueba la calidad de nuestra democracia”. También se refirió a la mesa permanente de migrantes, a la que definió como “un ámbito sostenido en el tiempo que reúna una amplia diversidad de actores y garantice el protagonismo de las personas migrantes y de sus organizaciones”.
En ese sentido, Muiños sostuvo: “Creo que la pluralidad de esta convocatoria expresa la urgencia de encontrarnos y de aunar esfuerzos para hacer frente a un contexto de proliferación del discurso de odio y su traducción en políticas públicas concretas”. Y agregó que “estas políticas públicas, tanto en el orden nacional como local, vulneran los derechos de las personas migrantes y nos afectan como sociedad toda”.
Como ejemplos, la Defensora enumeró “el agravamiento de los requisitos de ingreso y permanencia, los controles de documentación en zonas comerciales, los operativos de saturación en los barrios populares, el cobro de servicios educativos y sanitarios que en nuestro país son gratuitos y la imposición de barreras a la libertad de expresión de las personas migrantes”. Y advirtió que se trata de “acciones que van a contramano de los compromisos asumidos por el Estado argentino a nivel internacional y regional, medidas que contradicen el contundente mandato de igualdad sustantiva que surge de nuestra Constitución Nacional y, obviamente, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”.
La jornada se dividió en tres paneles. El primero, “Migración, discursos de odio y criminalización desde el Estado”, abordó las narrativas que construyen enemigos internos y estigmatizan a las personas migrantes. Expusieron Silvina Pennella, directora general de Derechos Humanos y Acceso a Justicia de la Defensoría del Pueblo; los diputados Andrés La Blunda (Fuerza por Buenos Aires) y Edgardo Alifraco (MID); Gabriela Liguori, de CAREF; y Sindy Molina Cano, de la comunidad paraguaya.
El segundo, “Ciudadanía y participación”, repasó las conquistas y los derechos pendientes de las comunidades migrantes, con foco en mujeres y diversidades. Participaron la diputada Delfina Velázquez (Fuerza por Buenos Aires); Janeth Blanca, de la Defensoría; la defensora pública Florencia Plazas; Ariadna Moreno, de la CGT; y la investigadora Ana Inés Mallimaci.
El tercero, “Securitización versus políticas públicas”, analizó qué pasa cuando el control migratorio y la respuesta policial se imponen sobre la integración y la protección de derechos. Expusieron los diputados María Bielli y Alejandro “Pitu” Salvatierra, ambos de Fuerza por Buenos Aires; Camila Carril, de la Defensoría; Diego Morales, del CELS; y Amadou Ndiaye Gaye, de la Asociación de Senegaleses en Argentina.
El cierre estuvo a cargo de Pablo Ceriani Cernadas, ex vicepresidente del Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios, quien presentó las directrices que orientaron la jornada. Las palabras finales fueron de La Blunda.
La realización de la jornada se inscribe en la misión de la Defensoría del Pueblo de proteger y promover los derechos de todas las personas que habitan la Ciudad, sin importar su origen, y reafirma el compromiso del organismo de seguir trabajando para una Ciudad más igualitaria e inclusiva.
