La Defensoría denunció que la permanencia de personas condenadas en estos espacios transitorios vulnera sus derechos fundamentales y contradice normativas nacionales e internacionales. Al 18 de febrero, 2.455 personas estaban detenidas en comisarías y alcaidías porteñas, de las cuales 411 tenían condena y 181 contaban con sentencia firme. Estos lugares no cuentan con las condiciones mínimas para alojarlas, lo que genera hacinamiento, deficiencias sanitarias y riesgos para su salud física y psicológica.
La falta de infraestructura y de personal capacitado agrava la situación. Los agentes policiales encargados de la custodia no están preparados para tareas penitenciarias, lo que aumenta los riesgos de violencia, conflictos y restricciones en el acceso a visitas y asistencia jurídica. Del mismo modo, estas condiciones generan preocupación para los vecinos y vecinas que concurren a las comisarías a realizar denuncias o trámites, debido a la falta de medidas adecuadas de seguridad.
En los últimos meses, esta precariedad permitió múltiples fugas: en 2024 se registraron al menos ocho, con 51 personas fugadas, y en lo que va de 2025, tres hechos más con 13 fugas.
La Defensoría también señaló que el Servicio Penitenciario Federal no estableció un plan adecuado de traslados ni propuso soluciones para evitar la sobrepoblación en estos centros transitorios. Frente a esta situación, la Justicia hizo lugar al habeas corpus y ordenó el traslado de las personas condenadas a unidades penitenciarias, asegurando condiciones de detención adecuadas y evitando nuevas vulneraciones de derechos.
Presentación Habeas Corpus
Fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 23
