Mediante un oficio enviado por la Defensora del Pueblo María Rosa Muiños al ministro de Justicia y Seguridad porteño Eugenio Burzaco, se solicitó información detallada sobre distintos puntos.
En primer lugar, cuáles fueron los criterios generales del uso de la fuerza y los principios de actuación desplegados por la Policía de la Ciudad; qué cantidad de personal policial fue afectado al operativo de seguridad (desagregado por género), a qué dependencias pertenecen y cuál fue el equipamiento asignado y la vestimenta utilizada.
Asimismo, se solicitó información sobre cuáles fueron las circunstancias objetivas que motivaron la intervención de los oficiales; y si además de la persona fallecida se registraron manifestantes y/o personal policial herido, así como también si el personal policial afectado a manifestaciones y control en la vía pública posee capacitación para realizar RCP, de qué naturaleza y con qué certificación.
Finalmente, la Defensora pidió el número del sumario administrativo iniciado con motivo de los hechos referidos y el órgano ante el cual tramita, así como toda otra información de interés relacionada con el hecho.
Cabe recordar que el jueves 10 de agosto, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se hicieron presentes en el lugar de los hechos pocos minutos después del trágico episodio, con el fin de recabar información. Además, entrevistaron a los seis detenidos, quienes señalaron que la manifestación se desarrollaba pacíficamente hasta la intervención de la policía en momentos en que estaban desconcentrando.
Añadieron también que Facundo Molares Schoenfeld había sido “reducido por personal policial” y que “fue demorada su asistencia, ya que la ambulancia del SAME llegó 20 minutos después”.
