Cabe recordar que alumnos y alumnas habían participado de reclamos en relación a la falta de infraestructura, viandas, docentes y todo lo relativo a los problemas de la educación pública en la CABA, mediante la toma del colegio.
Las familias fueron demandadas por los daños ocasionados en el reclamo, en un claro intento de cercenar el derecho a la protesta estipulado por la Constitución Nacional. La Defensoría General y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires están analizando las distintas estrategias legales para resguardar los derechos de las familias.
