En su exposición Altrudi se manifestó sobre los siguientes temas:
“Nos encontramos discutiendo nuevamente la modificación de los cuadros tarifarios cuando todavía no se cumplieron tres meses desde la implementación del último ajuste el 29 de diciembre pasado. Con ese ajuste se consolidó un aumento a lo largo de todo el 2023 del 202%. Sobre esta realidad se proyecta el ajuste que estamos discutiendo hoy, que en dos tramos va a alcanzar el 245%”.
“Nuevamente, el informe que presenta AUSA carece de información elemental respecto de la composición de los costos que sirven para determinar los gastos de administración y mantenimiento ordinario del servicio. Tampoco hay información respecto a los ingresos obtenidos por peaje y falta un mayor detalle sobre la metodología utilizada para la determinación del beneficio al usuario y la forma en que se actualiza”.
“Estos elementos son fundamentales para analizar la razonabilidad de las tarifas propuestas y dotar a este procedimiento de transparencia y legitimidad”.
“Hay situaciones que no se explican, ¿por qué un usuario paga la Autopista 25 de Mayo un 200% más que los accesos de la Ciudad? Esto teniendo en cuenta las tarifas al día de hoy, cuando entre en vigencia el primer tramo de este aumento la brecha va a alcanzar el 660%. En junio –con el último tramo que se está discutiendo hoy- esa brecha alcanzaría un 920%, si no se modifican las tarifas de los accesos”.
“Un ajuste que en tres meses va a implicar un aumento del 245% para los usuarios no resulta razonable. Tampoco es oportuno dado el contexto económico y social complejo en el que vivimos, en el que la única ecuación económica y financiera que nunca se considera es la de los usuarios y consumidores”.
“Quiero insistir en un tema que nos cansamos de repetir en las audiencias públicas anteriores: la necesidad de que se revise la implementación del sistema free flow. Todas las semanas recibimos reclamos de usuarios que desconocen cómo funciona el sistema y se enteran cuando reciben una multa. La empresa cobra un recargo administrativo para quienes no se encuentran adheridos al Telepase y sin embrago no se realiza ninguna gestión de cobranza”.
“Este asunto fue objeto de una recomendación de la Defensoría el año pasado, todavía no tenemos respuesta de AUSA. Sin embrago, más importante que la respuesta es que se cese con esta práctica que vulnera derechos de usuarios y consumidores que en nuestro ordenamiento jurídico tienen jerarquía constitucional”.
