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La Defensoría del Pueblo participó del XVIII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas

Se realizó durante los días 18 y 19 de mayo en la ciudad de Rosario.

El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, creado por la ley nacional n° 26.364, constituye un ámbito permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de la implementación de políticas públicas destinadas a la prevención y persecución del delito de trata de personas, y asistir a sus víctimas a través de un abordaje integral. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad participa del Consejo Federal en carácter de invitada permanente.

En la jornada del 18 de mayo, la Ministra de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Celia Arena, dio la bienvenida y resaltó tres desafíos a tener en cuenta en la materia: el seguimiento de la ruta del dinero, la importancia de que las investigaciones referidas a la narcocriminalidad, la trata de personas y los delitos conexos se desarrollen de manera conjunta y la restitución de derechos en pos de promover acciones vinculadas a restablecer los proyectos de vida de las personas victimizadas. Asimismo, se señaló relevancia de la coordinación entre las provincias y el estado nacional para poder brindar respuestas eficaces y efectivas.

Por su parte, el Coordinador Nacional del Consejo Federal y secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, expuso sobre experiencias virtuosas de colaboración entre organismos que se pueden emular en este Consejo Federal y propuso evaluar con qué Consejos y organismos se debería trabajar. Asimismo, señaló que el Programa Nacional de Rescate identificó y asistió  a 1090 personas victimizadas -desde marzo a abril de 2023- y la línea 145 registró 693 denuncias en el mismo periodo.

Durante las jornadas también hubo labor en las comisiones “Para la prevención del delito de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas”; “Para la persecución y sanción a los responsables del delito de trata de personas”; y “Para la supervisión de la unidad de bienes embargados”.

En este sentido, se resaltaron los trabajos desarrollados con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En ese marco, se presentó un conjunto de modificaciones y adendas a los documentos “Pautas de administración de bienes” y “Uso de Bienes remanentes”, las cuales surgieron de su aplicación y que tienen como objetivo evitar el deterioro de los bienes en los casos en los que no haya sentencia firme.

Además, desde la comisión «Para la persecución y sanción a los responsables del delito de trata de personas se señaló» que se mejoró el sistema SISTRATA, se avanzó en el trabajo el tema de la trazabilidad económica con las áreas de trata de las fuerzas de seguridad y la PROTEX para acordar lineamientos generales o pautas básicas para el análisis patrimonial.

La comisión “Para la prevención del delito de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas” presentó lo trabajado en la subcomisión para víctimas acusadas, en la cual se retomaron los objetivos de la comisión: Unificar criterios de asistencia en los puntos focales, promover no solo la asistencia sino el acceso a la defensa en juicio y sistematizar información a los fines de tener mayor claridad sobre la problemática de víctimas de trata imputadas en causas penales. Y se agregó que la comisión se encuentra trabajando en la elaboración de lineamientos para la identificación temprana de casos.

El encuentro contó también con representantes de las carteras nacionales de Justicia y Derechos Humanos; Seguridad; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Desarrollo Social. Asimismo, participan en este ámbito el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas; la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); los puntos focales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires; representantes de organismos del sistema internacional de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.