En su intervención realizó los siguientes planteos:
El acceso a las fuentes de energía, agua potable y cloacas hacen al ejercicio de los derechos humanos, son servicios públicos esenciales y el acceso en condiciones adecuadas y suficientes resultan imprescindibles para el desarrollo de la vida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya señaló en el fallo CEPIS -cuando anuló, en 2016, el aumento que se había establecido en el servicio del gas para usuarios residenciales- que cualquier incremento debe hacerse en condiciones de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad, previsibilidad y no confiscatoriedad.
El Estado debe evitar el perjuicio social provocado por la exclusión de usuarios de los servicios públicos como consecuencia de una tarifa que pudiera ser inaccesible.
Los incrementos en la tarifa de gas que sufrieron los usuarios del AMBA en los últimos 8 años fue del 32.805% en el nivel 1, del 14.507 % en el nivel 2 y del 16.752% en el nivel 3, mientras que el salario mínimo aumentó, en el mismo período, un 2.691%.
Nos enfrentamos a una situación alarmante de endeudamiento de las familias solo para el pago de servicios esenciales; gente que sale de la red de gas natural por falta de capacidad de pago o por la incapacidad de afrontar el gasto de las condiciones necesarias para la reconexión del servicio.
El incremento desproporcionado de los montos a pagar por este u otros servicios, va a expulsar del sistema a una mayor cantidad de hogares.
Es vital que se evalúen los procedimientos y las normativas orientadas a subsanar las deudas y a mitigar los daños que se están produciendo y proceder a la adopción de las tarifas conforme a lo que dice la Constitución Nacional, estipulando tarifas justas y razonables.
