Diego Mielnicki, titular del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso en representación de la institución y realizó los siguientes planteos:
“El acceso a agua potable y un sistema de desagües cloacales adecuados conforman una necesidad básica y un derecho humano. Resulta evidente que, ante una tarea tan sensible y de importancia, el espacio para la especulación o mercantilización de la actividad por parte de las empresas queda reducido; sin embargo, creemos que la legislación en la materia y el control sobre quien presta el servicio, es de suma importancia para asegurar el funcionamiento y provisión en todo momento».
“Como ya hemos establecido en los informes presentados para las Audiencias Públicas de los demás servicios, es esencial que se minimice el impacto de las tarifas sobre las debilitadas economías particulares de las personas. En este sentido, no puede obviarse el hecho de que, durante los últimos años, las grandes turbulencias micro y macro-económicas, sumadas a la aceleración del proceso inflacionario, tuvieron como resultado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, de jubilados/as y pensionados/as y el consecuente empobrecimiento y endeudamiento de millones de personas en el territorio nacional”.
“Para alcanzar el objetivo de que toda familia que necesite la tarifa social la obtenga, es determinante la realización de campañas informativas y divulgación masiva de la medida por todas vías de comunicación posibles. Sería importante revisar periódicamente los parámetros dispuestos para el ingreso a la medida, en vistas a las crecientes dificultades que atraviesa la población en general para sostener un nivel de vida adecuado o satisfactorio en todo sentido”.
