Durante su alocución, Mielnicki realizó los siguientes planteos:
“Lamentamos las deficiencias en el servicio que siguen padeciendo los usuarios y usuarias en el AMBA. Los cortes reiterados de suministro son moneda corriente en el área mencionada, con los perjuicios ampliamente reconocidos que eso conlleva. Resulta imperiosa la necesidad de implementar soluciones a largo plazo, que garanticen la prestación de un servicio seguro y permanente, a partir de las particularidades técnicas que cada situación requiera.”
“Vivimos en una época en la que el uso de la energía eléctrica resulta indispensable. Los avances tecnológicos, las nuevas modalidades y exigencias laborales, la gestión de tareas administrativas de toda índole e infinidad de situaciones diarias, marcan la importancia de contar con un servicio continuo y accesible.”
“Los incrementos en la tarifa de electricidad que sufrieron los usuarios del AMBA en los últimos 8 años para la categoría R1 superó el 32.000%; del 8.000% para el nivel 2 y de más del 9000% para el 3. Como parámetro de comparación, tomaremos el Salario Mínimo Vital y Móvil, que aumentó en el mismo período un 2.691%, y el Haber Jubilatorio Mínimo, que aumentó un 2.359%. A la hora de tomar decisiones sobre las tarifas en servicios esenciales hay que tener en cuenta la delicada situación económica de gran parte de la población, sobre todo en un marco de creciente endeudamiento e incumplimiento de los planes de pago.”
“La situación de las personas electrodependientes es muy importante. Queremos que se audite cuánta gente en esta condición tiene una fuente alternativa de energía (FAE) en su domicilio.”
“Es injusto que las personas de alto poder adquisitivo reciban subsidios del Estado, pero más injusto es que las personas que necesitan la asistencia del Estado no reciban ese subsidio.”
“Se sostiene en el tiempo el interrogante relacionado al motivo de permanencia o insistencia de las empresas en un mercado (país) que, aparentemente, no genera las ganancias previstas, ‘forzándolos’ a la desinversión en sus respectivos campos y, en última instancia, perjudicando a las personas que habitan nuestro territorio. ¿Por qué permanecen a pesar de las supuestas pérdidas?”
“Vemos con beneplácito las sanciones económicas impuestas a las empresas por parte del ENRE, por incumplimientos referidos a la calidad del servicio, desperfectos en las instalaciones eléctricas que afectan la integridad de las personas y bienes, e inconsistencias en la información que las distribuidoras deben proporcionarle al Ente Regulador.”
“Lo que venimos planteando como Defensoría desde hace 8 años continúa siendo plenamente aplicable hoy. Sigue habiendo deficiencias en la calidad del servicio, se carece de un reglamento en favor del usuario y no hay reconocimiento respecto de que el acceso a la energía eléctrica hace al ejercicio de los derechos humanos.”
