En su exposición Altrudi expresó la postura del organismo y realizó los siguientes planteos:
“Solo pasaron cuatro meses de la última audiencia pública y dos meses de la entrada en vigencia del último aumento del servicio. Si bien se cumplen los dos requisitos que establece la normativa, nos encontramos en otro año calendario y se verifica un aumento de los costos superior al 7%. No recordamos un periodo tan breve entre audiencias y un ajuste tarifario tan agresivo.”
“La Ley 4472 de Regulación y Reestructuración de la red de subtes y premetro establece que el servicio debe prestarse con tarifas justas y razonables. Un parámetro de razonabilidad podría surgir del análisis de los costos y su relación con la tarifa al usuario/a. En ese sentido, SBASE reconoce un aumento de la tarifa técnica -que refleja los costos de explotación- del orden del 118% pero la tarifa al usuario/a se incrementa un 359% si se tiene en cuenta el primer tramo y un 505% al considerar el esquema tarifario completo.”
“El aumento va a ser de una sola vez y va a alcanzar el 587% para quienes no tengan la SUBE registrada. No es un dato menor porque el 20% de los pasajeros/as del subte no tienen su tarjeta nominalizada, lo que representa 178.000 usuarios/as. Visto así, la magnitud del ajuste no resulta razonable.”
“Además, esta decisión se adopta en un momento económico y social complejo, de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y del ingreso de los hogares. Si analizamos una canasta de 50 viajes y su relación con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), se observa que alcanzará con este aumento su pico histórico desde que la Ciudad asumió el control del servicio. De no actualizarse el SMVM, con el primer tramo del aumento esta canasta pasará de representar el 2,53% al 11,60%. Con la tarifa a $757, la canasta de viajes va a representar el 15% del SMVM”.
“Atendiendo a estas dos situaciones, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que previo al aumento es necesario que se impulse una intensa campaña de información orientada a los usuarios/as que no tengan registrada su tarjeta SUBE”.
“Por otro lado, es necesario que se compatibilice y unifique el sistema y los universos de beneficiarios/as de la tarifa social del subte con los de la SUBE, con un criterio no restrictivo. Es inadmisible que los usuarios/as tengan que realizar dos trámites y que el acceso a la tarifa social requiera una instancia presencial.”
“Como conclusión, si se observan los costos del servicio a valores constantes, se constata que es cada vez más caro. Por otro lado, la red no recupera el caudal de pasajeros transportados antes de la pandemia, que se ubica un 25% por debajo que en 2019. Con este ajuste tarifario, y en este contexto económico y social, se corre el riesgo de perder aún más pasajeros/as, lo que redundaría en un mayor encarecimiento del sistema. Esta situación no está acompañada por una mejora sustancial de la calidad del servicio, que es cada día menos económico, eficaz y eficiente.”
“Esperamos que esta audiencia pública no sea una mera formalidad y que las autoridades del Gobierno de la Ciudad consideren las opiniones expuestas y se reconsidere la propuesta tarifaria que no resulta justa ni razonable.”
“Entendemos que en su lugar se debe plantear una política de transporte que tenga como objetivo la sostenibilidad del sistema pero a partir de la recuperación y el incremento del número de pasajeros/as y correcciones tarifarias graduales, siempre acompañadas por mejoras en la calidad del servicio.”
