La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, fue invitada a formar parte del encuentro pero no concurrió. Unas horas antes de la reunión, le envió una nota a la Defensora para anunciar un cronograma de reuniones con «algunos representantes estudiantiles e invitando a la Defensoría del Pueblo a participar de las mismas».
Cabe señalar que, desde el organismo, se realizaron numerosos pedidos de información que no fueron respondidos, tanto sobre las prácticas obligatorias, como viandas y vacantes, entre otros temas. Muiños recordó que el artículo 24 de la Constitución porteña sostiene que la Ciudad “organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones” .
Los alumnos y alumnas que asistieron a la reunión de ayer en la Defensoría denunciaron diferentes situaciones irregulares que afectan los derechos y garantías de los y las estudiantes, en su mayoría menores de edad, como hostigamiento policial por parte de efectivos que realizan actividades de inteligencia sobre el alumnado sin identificarse y, en algunos casos, con patrulleros cuyas patentes están tapadas o con drones policiales dentro de los colegios; cortes de luz y de internet en las escuelas; la confección de listados con los nombres y apellidos de alumnos/as y familiares de quienes participan de las medidas de fuerza; y amenazas con que si persisten las tomas les harán perder el año o actividades estudiantiles importantes.
Muiños informó que “en estos últimos meses, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad recibió numerosas denuncias por viandas en mal estado, presencia de ratas en más de diez establecimientos y ochenta reclamos por problemas de infraestructura escolar”. Además, agregó que “en los últimos 15 días, salimos a inspeccionar el estado edilicio de 69 establecimientos educativos, de los cuales sólo pudimos acceder a 53, ya que al resto no se nos permitió el acceso por orden del Ministerio. De los edificios relevados, en aproximadamente 40 de ellos se constataron fallas de distinta gravedad, desde obstrucciones en salidas de emergencia, oficinas con riesgo de derrumbe, baños clausurados, desbordes pluviales e instalaciones eléctricas deficientes”.
Además, Muiños anunció que “estamos trabajando una estrategia en conjunto con el Ministerio Público de la Defensa, dado que estas notificaciones llegaron a muchas familias y tienen que presentarse para hacer frente a la acusación de la contravención del artículo 60, que es por el derecho de admisión, como si una escuela fuera un boliche. Les informamos a quienes tenían que remitirse para constituir prueba, para asesorarse, para ser representados por la defensa pública y también establecimos –ya casi al final–, después de tres o cuatro horas, una serie de mesas de trabajo”.
Los y las estudiantes reclaman mejores condiciones edilicias; más provisión de alimentos y en óptimo estado (ya que manifiestan que reciben comida que no cuenta con las características básicas de salubridad); la revisión de las ACAP, pasantías obligatorias que en muchos casos lleva a los y las estudiantes a realizar tareas que poco tienen que ver con el aprendizaje escolar; la reapertura de las becas escolares y que se brinden más vacantes para estudiar en colegios públicos porteños. “Lo que queremos no es tomar escuelas, sino ser escuchados”, dijo uno de los alumnos y, para explicar la situación que viven, agregó: “Pasamos frío, estamos incómodos, tomar el colegio no es una situación grata”.
Por último, en relación con la violencia institucional, la Defensora manifestó su preocupación por “la estigmatización de la que es objeto la juventud, especialmente porque quienes difunden hoy esa estigmatización son funcionarios públicos con una actitud político partidaria”.
