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Jornada sobre la lucha contra la trata de personas

Personal del organismo participó del encuentro "Lucha contra la Trata de Personas: protagonistas y agenda legislativa pendiente”, organizado con el fin de abordar y analizar colectivamente las políticas para la prevención, asistencia y reparación a las víctimas de este delito.

La jornada se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con la participación de las diputadas Carla Carrizo y Paula Oliveto; la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad, Pamela Malewicz; el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo; y Alika Kinan, sobreviviente de trata con fines de explotación sexual y titular de la Fundación que lleva su nombre. En representación de la casa, estuvo presente la Defensora del Pueblo Adjunta Bárbara Bonelli.

“Tenemos que trabajar activamente en políticas que brinden respuestas más efectivas e inmediatas a esta problemática y avanzar en una agenda conjunta”, señaló Malewicz.

En este sentido, Oliveto remarcó la necesidad de que el Estado repare a a las víctimas y explicó los ejes principales del proyecto que busca declarar a la trata de personas con fines de explotación como delito de lesa humanidad.

Por su parte, la diputada nacional Carla Carrizo presentó el proyecto de ley de su autoría para la creación de una pensión para víctimas de trata y explicó que en 2012 se creó el Fondo de Asistencia a las Víctimas -que se compone con el dinero y los bienes que se decomisan en las causas- pero este dinero aún no les llega por lo que propuso que el mismo se gestione de modo más ágil. “Tenemos que hablar de una asistencia que se sostenga en el tiempo, que genere uniformidad y brinde una verdadera autonomía económica para las víctimas”, destacó.

En este aspecto, Kinan se refirió al derecho a una reparación económica y enfatizó que hasta el momento el Fondo intervino para resarcir solo a una víctima.

Finalmente, Bonelli señaló que persisten demoras y falencias en la aplicación de la normativa y compartió los principales resultados de un relevamiento llevado adelante por la Defensoría con el objetivo de indagar y comprender de qué manera el Estado asiste a las víctimas sobrevivientes de este delito.