El acuerdo fue suscripto por la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños; la presidenta del Consejo de la Magistratura, Isabella Karina Leguizamón; el titular del Ministerio Público Fiscal, Javier Martín López Zavaleta; la responsable del Ministerio Público de la Defensa, Marcela Millán; la titular del Ministerio Público Tutelar, Carolina Stanley; y el secretario administrativo de la Legislatura porteña, Christian A. Gribaudo.
La iniciativa se enmarca en la Ley 6.889, que promueve el acceso al empleo público de jóvenes sin cuidados parentales una vez que cumplen la mayoría de edad. El convenio establece una estrategia de seguimiento para quienes comiencen a trabajar en esos organismos.
El dispositivo, a cargo de la Defensoría, incluye una entrevista inicial con un o una profesional de la psicología y la designación de un/a referente que acompañará a cada joven. También prevé encuentros periódicos y trabajo articulado con el Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE) del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De este modo, el acuerdo entiende la inserción laboral como parte de un proceso más amplio de restitución de derechos y construcción de autonomía, y busca ser una herramienta concreta de inclusión para quienes atravesaron múltiples situaciones de vulnerabilidad.
