El acceso a justicia constituye un derecho humano per se y se erige en un pilar básico de todo Estado de Derecho en una sociedad democrática: sin acceso a justicia no es posible controlar y limitar el ejercicio de poder del Estado, las empresas y demás actores que avanzan sobre las libertades y derechos más fundamentales, y tampoco exigir su plena realización.
En este orden de ideas, la labor de la Defensoría del Pueblo, en tanto institución de protección y promoción de los derechos humanos, implica afianzar los mecanismos para ampliar y garantizar el efectivo acceso a la justicia, dentro de los estándares de la gratuidad, calidad y especialidad.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo creó dos programas de patrocinio jurídico gratuito: uno destinado a mujeres en situación de violencia y otro para grupos vulnerados, los cuales comenzaron a prestar servicio en el barrio Ricciardelli y en el barrio Mugica.
En 2022 se ingresaron 459 consultas. 9 de cada 10 personas que se acercaron fueron mujeres.
El acceso a justicia de las mujeres en situación de violencia de género debe incluir todas aquellas acciones que le garanticen su autonomía física, pero también fortalezcan su autonomía económica como condición necesaria para que las mujeres puedan romper el círculo de la violencia.
El trabajo de la Defensoría del Pueblo, al cabo de cuatro años de vida de los programas, se traduce en un patrocinio que realiza un abordaje integral con perspectiva de género de la problemática de la violencia ejercida contra las mujeres y con enfoque de interseccionalidad.
