El encuentro estuvo a cargo de la titular del Mecanismo y defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños; el comisionado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Andrés La Blunda; las comisionadas Marcela Millán, Natacha Steinberg, Indiana Guereño y Gisela Cardozo; y el secretario ejecutivo del Mecanismo, Ezequiel Paulucci.
Durante la jornada se repasaron los ejes del informe, que sintetiza las tareas de monitoreo, relevamiento, análisis de información, intervenciones institucionales y recomendaciones que el organismo llevó adelante en ese período, en el marco de sus funciones de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Uno de los temas centrales fue la situación de las personas privadas de libertad en comisarías y alcaidías de la Ciudad, particularmente las condiciones materiales de detención, la sobrepoblación, las dificultades de acceso a la atención médica, la alimentación y el ejercicio de otros derechos fundamentales. Se subrayó la persistencia de problemas estructurales en establecimientos policiales que siguen utilizándose para estadías prolongadas.
También se abordó la situación de las mujeres privadas de libertad y las particularidades de sus condiciones de alojamiento, así como el funcionamiento del sistema penal juvenil y las intervenciones en dispositivos destinados a niños, niñas y adolescentes.
Otro de los ejes expuestos fue el monitoreo de las protestas sociales y el seguimiento de las detenciones producidas en ese contexto, a través de entrevistas con las personas detenidas, el relevamiento de los lugares donde fueron alojadas, la verificación del cumplimiento de las garantías y salvaguardas legales y las gestiones ante las autoridades judiciales y los organismos de defensa para asegurar el respeto de sus derechos.
Más allá del diagnóstico correspondiente a 2025, se hizo especial hincapié en los desafíos que enfrenta el Mecanismo en el contexto actual. En particular, se resaltó la tarea que lleva adelante este año para monitorear y acompañar críticamente la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, a partir de visitas a los centros socioeducativos y reuniones con las autoridades responsables, para evaluar las adecuaciones institucionales y velar por los derechos de los adolescentes.
Además, se remarcó la importancia de la creación y puesta en funcionamiento del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad, un proceso en el que el Mecanismo ya interviene mediante reuniones institucionales, aportes técnicos y el seguimiento de las condiciones previstas para su implementación. Se señaló que esta nueva etapa representa un reto central para evitar que se reproduzcan las deficiencias estructurales identificadas en los actuales lugares de encierro y para promover un sistema respetuoso de los derechos humanos.
Finalmente, se advirtió que muchas de las situaciones relevadas durante 2025 continúan vigentes, por lo que el Informe Anual constituye no solo una rendición pública del trabajo realizado, sino también una herramienta para orientar las intervenciones actuales y futuras del Mecanismo, fortalecer el seguimiento de las recomendaciones formuladas y contribuir a la construcción de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad.
La actividad contó con la presencia de autoridades y representantes de distintos organismos e instituciones dedicados a la protección de los derechos humanos. Entre ellos, participaron Natalia Gabellini, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y su secretario ejecutivo, Alan Iud; Roberto Cipriano y Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria; Leandro Halperín, subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Director General del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social; y Alexys Kalczynski, integrante del Consejo Consultivo del MLPT CABA. También asistieron legisladores porteños y referentes de organizaciones sociales vinculadas con la temática.
