En un contexto donde la situación de las personas privadas de la libertad en el mundo se ha visto agravada por la emergencia sanitaria derivada de la expansión del virus del COVID-19, particularmente, en el caso de Argentina, donde se puede observar grandes dificultades para visibilizar los casos de violencia institucional carcelaria, así como para obtener una reparación o reconocimiento de tal situación, se torna imprescindible contar con una herramienta que permita sistematizar y brindar una protección amplia e integral a las personas privadas de la libertad.
En torno a esta problemática el Ministerio Público de la Defensa de Nación, Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Comisión Provincial por la Memoria, La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Defensoría del Pueblo de la CABA vienen trabajando en forma conjunta y coordinada en acciones para dar respuesta a la violencia institucional.
Sin embargo, la magnitud de la problemática planteada requiere, sin lugar a dudas, de un mayor de aprovechamiento de los recursos de cada una de las instituciones intervinientes, resultando imprescindible conformar una Red Interinstitucional contra la Violencia Institucional.
Es por ello que bajo esa premisa, el titular de la Unidad de Prevención para la Tortura de la Defensoría, Ezequiel Paulucci, procedió a firmar en representación de la DPACABA un acuerdo de colaboración entre las instituciones referidas, con el objetivo de diseñar un marco de colaboración y cooperación que facilite un diagnóstico compartido sobre sobre hechos de violencia institucional y la adopción de estrategias comunes en materia de prevención, investigación y sanción de responsables, formalizando así, la labor que dichas instituciones viene realizando en la materia.