Durante la actividad se reflexionó sobre los temas prioritarios de la agenda ambiental, enfocándose en los desafíos específicos que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires, y se analizaron los avances y retrocesos de la normativa de medio ambiente y los compromisos ciudadanos y políticos necesarios para la construcción de un futuro sostenible.
Muiños destacó que siempre es interés de la institución generar un buen nivel de calidad educativa para difundir en las escuelas, en los centros de jubilados y con los funcionarios públicos que son quienes tiene el mayor nivel de responsabilidad. “Pensar capacitaciones que cambien hábitos, que cambien conciencias y que cambien maneras de pensar, esa es nuestra tarea contante” concluyó la Defensora.
Por su parte, Camaño agregó que estamos en una ciudad capital y “es tremendo daño que le estamos haciendo al planeta y a nosotros mismos con esta manera de vivir”. La abogada señaló que no basta solamente con golpearle la puerta a los funcionarios de turno porque eso no resuelve nada. “Si la dirigencia política no tiene la capacidad de mirar que esto ocurre, no entiende nada”, concluyó.
La Ley Yolanda (27.592) es una norma que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública. La aprobaron el 17 de noviembre de 2020 y en diciembre de ese mismo año la Legislatura porteña adhirió mediante la sanción de la Ley 6.380. Su nombre es un homenaje a Yolanda Ortíz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambientales de la Nación durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973.
