Esta ley, aprobada por amplia mayoría parlamentaria, respondía a la urgencia de garantizar recursos adecuados y previsibles para el sostenimiento del sistema universitario nacional, que se encuentra atravesado por una crisis que amenaza la continuidad de su funcionamiento. “El veto presidencial constituye, en consecuencia, un golpe institucional y social de extrema gravedad”, se enfatizó desde ADPRA.
Las autoridades de ADPRA afirmaron que el debilitamiento de las universidades públicas atenta contra el presente y el futuro de la sociedad argentina en su conjunto, afectando a millones de estudiantes, docentes y trabajadores, pero también al país entero, que se ve privado de uno de sus principales activos para el desarrollo sostenible, la justicia social y la integración internacional.
“Desfinanciar la universidad es pretender silenciarla, es retroceder a una universidad reservada para una élite, negando derechos conquistados por generaciones enteras de argentinos y argentinas”, concluyó el comunicado de la Asociación. Y agregó que: “El veto presidencial no es un acto de austeridad responsable, es un recorte directo al conocimiento, a la igualdad de oportunidades y al futuro productivo de la Argentina. La educación no se negocia ni se ajusta; se garantiza y se conquista, por ello, levantamos la voz, porque sabemos que la Universidad Pública es la mayor obra colectiva de nuestra historia”.
