Para este año, el lema es «Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo».Su propósito consiste en movilizar apoyos orientados a la inclusión de las personas con discapacidad, así como promover la reflexión sobre los beneficios de una sociedad inclusiva y accesible para todos y todas.
La inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es clave para cumplir con la promesa de «no dejar a nadie atrás» de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En 2008, en Argentina fue aprobada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la Ley 26.378. Desde entonces, el Estado -en articulación con la sociedad civil- trabaja en la promoción de la autonomía, la inclusión, la equiparación de oportunidades y la no discriminación, bajo el Paradigma Social de Derechos Humanos.
Sin embargo, catorce años después, en nuestra Defensoría del Pueblo continuamos recibiendo una significativa cantidad de consultas de personas con discapacidad que ven vulnerados sus derechos, en los distintos ámbitos de socialización.
En los reclamos, refieren habitualmente la experiencia de ser objeto de discriminación por parte de proveedores de servicios, tanto en el ámbito público como privado.
Por ejemplo, en relación a la atención de la salud, el personal del sector suele no comprender o desconocer los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, generando demoras o denegatorias en las prestaciones solicitadas.
Las mujeres con discapacidad encuentran obstáculos para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y a información en la materia. A menudo, los y las trabajadoras de la salud presuponen –erróneamente- que las mujeres con discapacidad son asexuales o no son aptas para la maternidad.
Otros son los obstáculos que se plantean en el ámbito educativo. Las barreras físicas en los establecimientos, las negativas de inscripción y las dificultades para la cobertura de las maestras integradoras por parte de obras sociales y prepagas, son algunos de los más habituales.
Por su parte, la accesibilidad arquitectónica es una precondición para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad y en igualdad de condiciones que el resto de la población. Nuestra Ciudad presenta todavía muchas barreras que impiden a las personas con discapacidad una verdadera autonomía, y esto suele ser invisibilizado. A principio de este año, desde esta Defensoría del Pueblo fue realizado un relevamiento sobre accesibilidad en las estaciones de todas las líneas de subterráneo, dejando en evidencia que las personas con discapacidad están muy limitadas en el uso de este servicio de transporte.
Otro tema de consulta es el incumplimiento del cupo laboral por parte del Estado, tanto en la jurisdicción nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En relación al mundo del trabajo, las personas con discapacidad encuentran múltiples barreras: no se les brindan las herramientas necesarias para competir en el ámbito laboral, en muchas casos es evidente la falta de educación y preparación, la falta de accesibilidad en el transporte que produce que una persona con discapacidad puede demorar horas en llegar a su lugar de trabajo, barreras arquitectónicas en su entorno laboral, la falta de ajustes razonables con respecto a los sistemas informáticos o comunicacionales, así como la falta de experiencia. Esta sumatoria de condiciones desfavorables, coloca muy frecuentemente a las personas con discapacidad en una posición de desventaja, no por la discapacidad en sí, sino por la falta de oportunidades.
El modelo social en el ámbito de la discapacidad sostiene que las barreras, las actitudes negativas y la exclusión por parte de la sociedad (sea por acción u omisión) son los factores que definen quien tiene una discapacidad y quien no en cada sociedad concreta.
La Defensoría del Pueblo trabaja a diario para aportar a la difusión de los diferentes derechos que asisten a las personas con discapacidad y para promover, en caso de su vulneración, una rápida intervención que contribuya a la construcción de una ciudad más justa, equitativa e inclusiva para sus habitantes.
