En ese marco, desde la Defensoría se propone pensar la relación entre la división sexual del trabajo, las tareas de cuidados asignadas a las mujeres y la violencia de género. El rol de cuidadoras que recae todavía con fuerza en las mujeres, especialmente de personas menores de edad, puede intensificar la violencia o convertirse en un factor desencadenante. Para muchas mujeres la dependencia económica y el cuidado de otras personas las ubica en una situación de gran vulnerabilidad.
Según la encuesta regional de opinión pública sobre violencia de género Al buscar ayuda, ¿qué barreras enfrentan las mujeres que viven violencia de género?, realizada por la Fundación Avon y Quiddity, “a pesar de haber logrado separarse, el 64% de las mujeres que se divorciaron, manifestaron que sus ex parejas no cumplen con la responsabilidad del pago de la cuota alimentaria, afectando el derecho de sus hijos/as”. Esto constituye una de las formas de la violencia económica, tal vez la más extendida, tipificada en la ley 26485 de violencia contra las mujeres como la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de distintos mecanismos.
“En estos contextos, el rol de cuidadoras, especialmente de personas menores de edad, en algunos casos intensifica y diversifica la violencia. Para muchas mujeres, la dependencia económica y el cuidado y protección de otras personas, las ubica en una situación de extrema vulnerabilidad”, señala el informe.
En este sentido, la investigación concluyó que tener hijos/as y/o personas a cargo representa una dificultad importante a la hora de ingresar y/o permanecer en la “ruta crítica”. Es decir, al momento de decidir denunciar o tomar medidas para salir de la violencia, ya sea por no tener con quién dejarlos a cuidado, porque el vínculo con los hijos/as puede verse afectado o porque puede significar un peligro para ellos/as.
Siete de cada diez consideran que tener personas a cargo es un desafío adicional a la hora de pedir ayuda. Un 16% por “no saber con quién dejar a mis hijos/as/personas a cargo”, el 14% por “sentir que el vínculo con mis hijos/as/personas a cargo se iba a ver afectado negativamente si pedía ayuda” y el 11 % por “sentir que mis hijos/as/personas a cargo iban a estar en peligro si pedía ayuda”.
Por otro lado, la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL que sesionó del 8 al 11 de noviembre pasado y de la cual participó el organismo, tuvo como tema central los cuidados. El Foro Regional Feminista realizado el 7 de noviembre planteó una serie de demandas a los Estados que fueron presentadas en dicha conferencia, entre ellas hizo un llamado a “a prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia basada en género que enfrentan las mujeres, juventudes, adolescentes y niñas, particularmente las trabajadoras migrantes y refugiadas, incluyendo la trata y el tráfico, la explotación laboral y sexual, el acoso, desarraigo territorial, cultural (la vulneración de las creencias de las mujeres y jóvenes indígenas que llegan a trabajar a casa de familias) y todas las formas de violencia sexual, así como los feminicidios”.
En relación con estos datos, la institución valoriza las iniciativas que desde estos foros y documentos reclaman a los Estados la adopción de políticas públicas integrales para garantizar a las mujeres la remuneración y la distribución de las tareas de cuidado y el acceso a servicios gratuitos de calidad para la atención de sus hijos/as y familiares.
Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo porteña se viene trabajando en la promoción de derechos, atención y acompañamiento de víctimas de violencia de género y en el desarrollo de investigaciones y campañas de sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres.
También en esa línea, uno de los ejes de trabajo es el abordaje de la autonomía económica de las mujeres por entender que es una condición imprescindible para prevenir la violencia y poder salir de esa situación. Otra de las líneas de trabajo es la capacitación continua en perspectiva de género y prevención de las violencias en el marco de la Ley Micaela.
Si sufriste alguna situación de violencia podés contactarte con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires escribiendo al WhatsApp (11) 7128-8301, llamando de lunes a viernes de 9 a 19 al 0800-999-3722 o a través de nuestras redes sociales: buscanos en Facebook, Twitter e Instagram como @defensoriacaba.
