Entre las claúsulas de este acuerdo figura que se propiciará la realización de actividades que promuevan el ejercicio de los derechos político-electorales en general y también en segmentos específicos tales como las mujeres y disidencias, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas con problemas de salud mental —especialmente aquellas internadas en institutos—, los/as electores/as privados/as de libertad, los miembros de pueblos originarios y las personas migrantes.
Asimismo, se manifiesta que se llevarán a cabo tareas orientadas a procurar “la más plena accesibilidad electoral, tanto en lo referente a la eliminación de barreras arquitectónicas en los establecimientos de votación, como en todo aquello que contribuya al mejor desarrollo de las elecciones, bajo los lineamientos establecidos por el Tribunal Electoral”.
El acuerdo fue firmado por la Defensora del Pueblo, María Rosa Miuños; el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Requejo; la titular del Juzgado de Primera Instancia N° 1 del fuero CATyRC, Romina Tesone; y el titular del Juzgado de Primera Instancia N° 1 del fuero PPJCyF, Rodolfo Ariza Clerici.
El presente convenio tendrá una duración de dos años y será prorrogable automáticamente por períodos iguales.
