El panel «El acceso a justicia de las mujeres en situación de violencia de género”, giró en torno a los obstáculos, avances y experiencias virtuosas de abordaje junto con los desafíos que tiene el Estado a la hora de garantizar el derecho de acceso a justicia a las mujeres y, así, el resto de sus derechos. Hubo una importante audiencia que estuvo presente en el conversatorio en un lugar tan emblemático para la historia argentina como es la Casa por la Identidad Abuelas de Plaza de Mayo (Ex ESMA).
Participaron del encuentro la Defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños; la consejera y titular del Centro de Justicia de la Mujer del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ana Salvatelli; la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura, Diana Maffía; la abogada avezada en Derecho de Familia, Nelly Minyersky; y la jueza del Juzgado Nacional en lo Civil N° 92 (especializado en Familia), Victoria Famá. El panel fue coordinado por la responsable del Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría, Silvina Pennella.
Muiños señaló que marzo es un mes muy especial ya que es el mes de los derechos humanos donde se conjuga todo lo que fue la dictadura cívico-militar en Argentina y, coincidentemente, en el que se reflexiona sobre los derechos de las mujeres. “Pusimos este tema como una prioridad en la agenda de la Defensoría del Pueblo. Hay una falta de perspectiva de género en quienes administran justicia; los que nos gobiernan no aportan el presupuesto necesario para que las políticas de prevención y las políticas de reparación sean efectivas. Hay una ausencia del Estado” finalizó la Defensora en su exposición.
Por su parte, Ana Salvatelli manifestó que “fue muy importante encontrarnos en un sitio tan conmovedor como éste y volver a pensar las prácticas de intervención en materia de violencia de género”. Y agregó: «Las palabras de todas las mujeres que integramos la mesa de hoy nos hizo juntarnos en un objetivo común para seguir reflexionando cómo erradicar este tipo de violencia».
Victoria Famá hizo hincapié en el acceso de las mujeres a la justicia en relación con la violencia económica, una de las más invisibilizadas. “El dinero encubre maneras de ejercer el poder. Se nos deja administrar el dinero chico, para los gastos cotidianos”, explicó.
Diana Maffía expresó su preocupación a la hora de acceder a la justicia y las barreras que encuentran las denunciantes. Señaló que “la violencia contra las mujeres no es prioridad de los jefes de gobierno, de los presidentes y los gobernadores. Tenemos que alzar la voz y poner estas políticas en las prioridades. Todavía queda mucho por hacer”.
A su turno, Nelly Minyersky enfatizó que a las mujeres aún no se les cree cuando manifiestan ser víctimas de violencia. Expresó que “eso fomenta una naturalización en la que nos convencen que somos inferiores, que no tenemos derechos. Por eso se nos mata, porque se nos considera un objeto. Es necesario y urgente una reforma judicial feminista que no sea clasista, con justicia social y con perspectiva de género”.
El derecho de acceso a la justicia, como derecho humano, es la puerta para poder gozar del resto de los derechos. En este sentido, garantizar el efectivo acceso a la justicia a mujeres en situación de violencia resulta indispensable para la erradicación de la problemática de la violencia contra las mujeres y, por lo tanto, para que los Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones internacionales que han contraído de actuar con la debida diligencia frente a este grave problema de derechos humanos.
