El objetivo general de las prácticas, que comenzaron a funcionar en dos comisiones, es que las y los estudiantes se formen como profesionales con empatía y sensibilidad social para dar respuestas integrales a las necesidades legales de las personas en situación de violencia de género y, de esta forma, garantizarles el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de sus derechos.
“Estamos avanzando en lo que nosotros entendemos que es seguir garantizando el derecho a justicia. Este convenio suma prestigio, suma trabajo y nos suma mucho trayecto académico” expresó la Defensora porteña.
Por su parte, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Vergara, explicó la importancia que tienen estas nuevas prácticas que se llevarán adelante en la sede de la Defensoría del Pueblo y destacó que “permiten darles a los alumnos la formación concreta de casos específicos donde verdaderamente hay gente vulnerada y eso para los alumnos es de una gran formación. Este es un paso más que tenemos dos instituciones muy importantes y que ciertamente ayuda a la formación”.
La comisión de derecho civil tiene como propósito específico la defensa judicial de mujeres y diversidades que hayan realizado la denuncia civil de violencia y el patrocinio de las acciones de fondo derivadas tales como alimentos, régimen de comunicación, divorcio y filiación, entre otras.
En tanto, la comisión de derecho penal persigue garantizar el acceso igualitario y efectivo a la justicia de las y los consultantes a través del asesoramiento, asistencia y representación en las causas penales que se inicien en función de las denuncias efectuadas, en cumplimiento de la normativa constitucional (arts. 8 y 25 de la CADH y 14 del PIDCyP), las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
