El documento — “Barrios populares en emergencia: menos presupuesto y derechos en las villas de la Ciudad”— analiza la situación actual de las políticas habitacionales y los recursos asignados en el Proyecto de Presupuesto 2026, donde las partidas destinadas a los organismos de vivienda alcanzan su nivel más bajo en los últimos catorce años, con una caída del 23% respecto del presupuesto de 2025.
El informe muestra que los fondos se destinan principalmente a respuestas paliativas o de emergencia, mientras se postergan los proyectos de reurbanización y el cumplimiento de leyes y fallos que garantizan la integración socio urbana.
Las organizaciones e instituciones que llevaron adelante el análisis remarcan el avance sobre derechos reconocidos por la legislación local y nacional, que fue aprobada con un amplio consenso político y social. De esta manera, se afecta directamente a las más de 275.000 personas —casi el 10% de la población porteña— que habitan en barrios populares.
La desinversión estatal, la disolución de equipos técnicos especializados y la paralización de obras esenciales implican una dilapidación de la inversión pública acumulada en la última década. A la precariedad habitacional se suman los déficits en el acceso a servicios básicos, la inseguridad eléctrica y sanitaria, y la suspensión de espacios participativos previstos por ley, lo que vulnera los derechos de información y participación comunitaria.
El informe también destaca las profundas desigualdades que persisten en la ciudad más rica del país:
· A nivel nacional, las y los habitantes de los barrios populares viven, en promedio, once años menos que el resto de la población (Fuente: CISUR, 2025).
· El hacinamiento y la pobreza se quintuplican en comparación con los barrios formales.
· Las mujeres jefas de hogar, los niños y niñas y las personas mayores son los sectores más afectados.
Frente a este panorama, las instituciones y organizaciones de derechos humanos advertimos sobre la necesidad urgente de establecer políticas públicas sostenidas, con financiamiento adecuado y mecanismos participativos, que garanticen la atención inmediata de las situaciones críticas, la continuidad de los procesos y el cumplimiento de leyes y sentencias.
Mantener y ampliar estos compromisos resulta indispensable para cumplir con los derechos constitucionales a la vivienda digna, a la integración socio urbana y al hábitat adecuado en la Ciudad de Buenos Aires.
