Convenio de Cooperación
La presidenta de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), María Rosa Muiños, firmó un convenio marco de cooperación con la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena.
El convenio suscripto apunta a acordar el desarrollo de actividades conjuntas en torno a las atribuciones de sus respectivas instituciones y tiene como objetivo esencial proteger los derechos y las garantías de las personas y fortalecer las instituciones, que requieren de una voluntad de colaboración, de un trabajo sinérgico y de acciones conjuntas.
«Para todos los Defensores y Defensoras es importante trabajar en la protección, en el acceso a la información pública. Hemos cursado muchísimos pedidos de informes, tanto de manera individual como a través de ADPRA, a partir de algunas decisiones del gobierno nacional tendientes a restringir este acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas», resaltó Muiños.
Entre sus fundamentos, este acuerdo –que no implica erogaciones ni compromiso económico o financiero alguno entre ambas entidades– establece colaborar y participar en acciones de cooperación, complementación, sensibilización, capacitación, intercambio, articulación y difusión en materia de protección de datos personales, acceso a la información pública, políticas de transparencia en la gestión pública y protección de los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía.
Asimismo, toda comunicación, publicación o difusión, por cualquier medio, referida a los programas, proyectos y actividades realizadas en el marco de este convenio o de los específicos que en su consecuencia se suscriban, deberá contar con previa autorización expresa de ADPRA y AAIP, con el debido resguardo de la información de índole sensible, reservada y/o técnica que se haya generado.
Sobre el posible veto al financiamiento a universidades
Los Defensores/as manifestaron que la falta de financiamiento adecuado a las universidades afecta directamente los derechos fundamentales de los estudiantes y trabajadores universitarios y destacaron que, de concretarse, comprometería los compromisos salariales y el correcto funcionamiento de estas instituciones esenciales para el desarrollo social y económico de la Nación. Asimismo, esta decisión podría tener impacto negativo en la calidad educativa y en las actividades de investigación, extensión y transferencia de conocimiento que las universidades realizan, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de la Argentina.
Sobre el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria
El cuerpo de Defensores/as acordó elaborar un pronunciamiento a raíz del veto del Poder Ejecutivo Nacional a la Ley que establecía una mejora en los haberes jubilatorios con la recomposición del 8,1% por la inflación de enero no reconocida por el Gobierno. Asimismo, la norma ratificaba la fórmula de movilidad que impuso el Gobierno por decreto, por la cual los ingresos de las y los jubilados debían ser actualizados en base a la inflación.
Banco Nacional de Alimentos
Tras la exposición de la representante del Banco Nacional de Alimentos, se acordó impulsar la firma de un convenio entre esa institución y ADPRA con el fin de trabajar algunos temas en conjunto.
Derechos Humanos en riesgo en Argentina
Por iniciativa de la Defensora del Pueblo de la Ciudad y presidenta de ADPRA, María Rosa Muiños, el Plenario decidió solicitar una reunión con Andrea Pochak, Relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de expresarle su profunda preocupación por las medidas regresivas que viene adoptando el Estado argentino en detrimento de los inestimables avances alcanzados desde la recuperación democrática en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, que hoy se ven amenazados por constantes medidas que favorecen abiertamente la impunidad.
En ese sentido, ADPRA quiere alertar al Sistema Interamericano sobre las graves consecuencias y los riesgos que esto conlleva para los derechos humanos en Argentina y su posible impacto en la región.