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Se realizó en conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y sintetiza los resultados de los relevamientos realizados durante los años 2019 y 2020 en el Playón de Chacarita.
La Adjuntía a cargo de Bárbara Bonelli, la Subsecretaría de Protección y Promoción de Derechos y el Área de Vivienda y Hábitat de la Defensoría elaboraron una práctica guía sobre desalojos con la información y los recursos necesarios para que sepas cuáles son tus derechos y puedas ejercer los mismos ante estas situaciones.
La Defensora del Pueblo Adjunta, Bárbara Bonelli, participó de la mesa junto con representantes de instituciones públicas y organismos de defensa que abordan la problemática.
El Defensor del Pueblo porteño y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, firmó dos convenios de colaboración con el secretario de Desarrollo Territorial Luciano Scatolini. Los acuerdos se suscribieron en el marco de la implementación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
El informe fue elaborado para verificar las condiciones de habitabilidad y la accesibilidad a estos servicios, bajo el entendimiento de que constituyen derechos fundamentales, indispensables para el goce de otros derechos humanos.
El mismo se realizó para conversar con los vecinos y las vecinas sobre problemáticas vinculadas con la seguridad.
A pedido del Defensor Adjunto Arturo Pozzali, un equipo de integrantes de la Defensoría del Pueblo se reunió con los Senadores Julio Cobos y Mario Fiad para discutir sobre la situación de los deudores de préstamos hipotecarios UVA.
Previendo las dificultades que implicaría la pandemia de COVID-19 para propietarios e inquilinos informales en las villas, la institución intensificó el trabajo que históricamente venía desarrollando para mejorar el tipo de vínculo que se establece en esta clase de barrios en torno al alquiler para el uso como vivienda familiar.
La Defensoría recibió una serie de denuncias por parte de vecinos/as de distintos barrios de la Ciudad que no fueron atendidas hasta el momento por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
El acuerdo establece la creación de una mesa de trabajo integrada por todos los actores que abordan la temática en la Ciudad que, por primera vez, trabajarán juntos para definir la metodología del censo anual dispuesto por la ley 3706.
