Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984
Aprobada por la República Argentina mediante la Ley 23.338 el 30 de julio de 1986. Ratificada por el Gobierno Argentino el 24 de septiembre de 1986
Instrumento con Jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional
PARTE I
Artículo 1. –
1. A los eFectos de la presente Convención, se entenderá por el término «tortura» todoacto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
2.
El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.
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