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Reunión del Comité para la Prevención de la Tortura de la Ciudad con Organizaciones de la Sociedad Civil

La mesa de trabajo se llevó a cabo con la finalidad de abordar las distintas problemáticas diagnosticadas y para establecer un espacio de intercambio y discusión en relación a las políticas públicas vinculadas a los espacios de encierro y las personas privadas de la libertad en la órbita porteña.

La reunión fue convocada por el Comité para la Prevención de la Tortura de la Ciudad y contó con la participación de su titular y Defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños; el comisionado Luis Duacastella; la comisionada Pamela Malewicz y el secretario ejecutivo, Ezequiel Paulucci.

En este marco, los representantes del Comité dieron cuenta del estado actual de la agenda de trabajo desarrollada, tal como el Habeas Corpus en defensa de las personas privadas de la libertad en comisarías y alcaidías de la Ciudad y la situación de violencia institucional ocurrida en el Centro Socioeducativo Semicerrado Luis Agote.

También se dialogó sobre el estado de situación de los distintos Centros Socioeducativos de Régimen Cerrados y Semicerrados y la criminalización de niños, niñas y adolescentes, especialmente los no punibles, en el ámbito porteño.

Por su parte, las y los representantes de las organizaciones civiles manifestaron sus inquietudes sobre las distintas problemáticas conversadas y la importancia de que el Consejo para la Prevención de la Tortura de la Ciudad se conforme formalmente.

De la reunión participaron representantes de la Asociación Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento No Matarás y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE – rama liberados).

Como conclusión del encuentro se acordó reforzar la articulación y el trabajo conjunto entre el Comité y las organizaciones, con la finalidad de preservar los derechos fundamentales de todas las personas en contexto de encierro.