La Defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños, en su rol de titular del Comité para la Prevención de la Tortura, firmó ayer un convenio con el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (Encope) del Servicio Penitenciario Federal para adquirir muebles de oficina confeccionados por personas privadas de libertad.
Antes de la firma del convenio, se mantuvo una reunión en la sede central de la Defensoría con el inspector general José Luis Guarino, presidente de Encope, y Cristian Canteros, vicepresidente. Por parte de la Defensoría del Pueblo participaron Ezequiel Paulucci, secretario ejecutivo del Comité Local para la Prevención de la Tortura, y Emanuel Zaia y Pía Girotti, de la Conducción Ejecutiva Técnica y Administrativa.
El mobiliario adquirido por la Defensoría consiste en escritorios tipo ejecutivo con extensión en L, cajoneras y muebles de guardados, los cuales fueron confeccionados a medida dentro del taller de carpintería del Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz.
El proyecto Encope permite a las personas privadas de libertad contar con objetivos claros para lograr una integración social efectiva y crear un proyecto de vida propio, a través del aprendizaje de un oficio. En este sentido, el Comité considera que este tipo de convenios permite resaltar el derecho laboral de las personas privadas de libertad y colabora con una formación eficiente, además de contribuir con su reinserción social.
María Rosa Muiños sostuvo que el convenio es un gran incentivo de buenas prácticas para quienes están alojados en ámbitos carcelarios y consideró necesario que se replique en otros organismos públicos, como estrategia de apoyo e incentivo para seguir velando por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Al mismo tiempo, adelantó que éste es el primer paso de próximos acuerdos tendientes a fortalecer las relaciones entre ambas instituciones, para unificar esfuerzos y destacar la labor que lleva a cabo Encope en las diversas producciones que realiza.
Por último, cabe mencionar que el Comité Local tiene por objeto garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, donde se otorga especial énfasis en la prevención, junto con otros objetivos consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución Nacional y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
