El documento fue elaborado por el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad (MLPT) para documentar y sistematizar información sobre las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en el territorio porteño, y fue aprobado ayer en el marco del plenario en el que participaron la titular del Comité Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires y Defensora del Pueblo porteño, María Rosa Muiños; las comisionadas Pamela Malewicz, Marcela Millán e Indiana Guereño; el comisionado Claudio Romero; Manuel Tufró, integrante del consejo local y Ezequiel Palucci, secretario ejecutivo del CLPT.
Antecedentes
A raíz de la pandemia, el Servicio Penitenciario Federal estableció en 2020 un protocolo sanitario por el cual restringió el ingreso de personas condenadas o con prisión preventiva. Como resultado, las alcaidías de la Ciudad se desbordaron rápidamente y con ello las comisarías volvieron a ser utilizadas como lugar de alojamiento de personas detenidas.
En virtud de este agravamiento, el Ministerio Público de la Defensa de la CABA presentó en junio de ese año una acción de habeas corpus colectivo, que fue apoyada en calidad de amicus curiae por el MLPT y la Procuración Penitenciaria de la Nación. El planteo obtuvo resolución favorable tanto en primera como en segunda instancia y fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, quien ordenó desalojar de las comisarías de la Ciudad a las personas detenidas en cualquier situación y que la detención en las alcaidías se cumpla en la forma en la que venía realizándose antes de la pandemia, evitando la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva.
El informe
El relevamiento presentado se realizó en 30 establecimientos de detención, donde se alojaban 716 personas. Allí se constató hacinamiento, escasez de comida y agua potable y falta de acceso al sistema de salud, entre otras problemáticas:
- Las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad se encuentran sobrepobladas. Las alcaidías monitoreadas tienen un cupo previsto de 223 personas y al momento del relevamiento contaban con 330 (un 50% más).
- El tiempo de permanencia de las personas supera los 6 meses en las comisarías y los 12 meses en las alcaidías. Esta situación se agrava si se considera que las comisarías no deberían alojar personas ni siquiera de forma transitoria.
- La gran mayoría de las comisarías presentan deficiencias edilicias que ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas detenidas y del personal policial (por ejemplo, reformas improvisadas en las dependencias en las que se registraron fugas, como la utilización de espacios comunes fuera de los calabozos, pasillos y oficinas administrativas denominados “lugares transitorios” de detención).
- El derecho a la alimentación y la salud es vulnerado. La alimentación es insuficiente y en muchos casos la comida se encuentra en mal estado. En cuanto al acceso a la salud, se advierte que no existen protocolos de atención ni se destinaron recursos para atender esta problemática.
- La gran mayoría de las comisarías no cuentan con espacios adecuados ni recursos disponibles para la realización de entrevistas confidenciales —presenciales o virtuales— con las y los abogados defensores.
- Los y las agentes de la Policía local carecen de la formación necesaria para desempeñar las tareas de la función penitenciaria. Además, en los dispositivos falta personal: en todas las alcaidías se asignan entre 3 y 4 celadores/as para un promedio de 30 detenidos/as. En las comisarías vecinales se destinan entre 3 y 5 agentes para la guarda y custodia de entre 25 y 30 personas detenidas.
La principal causa que identifica el informe para llegar a este punto radica en el incumplimiento de las sentencias judiciales que ordenaban al SPF disponer el ingreso de personas detenidas con condena o prisión preventiva.
En este contexto, a fines de 2023 y durante los primeros meses de 2024 se produjeron numerosos incidentes al interior de las comisarías y alcaidías de la Ciudad que dieron lugar a episodios de fuga. En el mes de mayo, el GCBA declaró “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad”, a la vez que anunció una serie de medidas alternativas al problema de fondo que incluyen la creación de “módulos containers” para alojamiento de personas detenidas.
Por todo esto, el informe concluye que tanto el Poder Judicial de la Nación como el de la Ciudad de Buenos Aires no tomaron debida nota de la complejidad del problema para acelerar los tiempos procesales y resolver la situación de las personas detenidas, unificar el fichaje en un solo acto -para evitar traslados- y reducir el tiempo de alojamiento en los dispositivos transitorios:
“Es posible afirmar que las medidas dispuestas y anunciadas por las autoridades públicas están lejos de revertir las condiciones de detención en las que se encuentran las personas privadas de su libertad en la Ciudad de Buenos Aires, las cuales constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. (…) Enfrentar esta grave situación institucional —que al transformar en permanente lo provisorio vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas detenidas en la Ciudad— requiere de un esfuerzo coordinado, coherente y sostenible de todas las autoridades estatales con responsabilidad política e institucional”.
