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Encuentro del Comité Local de Prevención de la Tortura con organizaciones de la sociedad civil

María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo porteña y titular del comité, encabezó una reunión con integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

Además de Muiños, estuvo presente el secretario ejecutivo del Comité Local de Prevención de la Tortura, Ezequiel Paulucci. Por el lado de las ONGs, participaron representantes de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Movimiento No Matarás. De la misma también participó una asesora del equipo de la comisionada Pamela Malewicz.

El objetivo del encuentro, que se llevó a cabo el 23 de agosto, fue el de trasmitir a las ONGs la decisión del pleno de que sus representantes se integren como consejo asesor del Comité Local. De esta manera, se buscó resaltar la importancia de la integración de la sociedad civil en ese espacio para el logro de una mayor participación democrática y el fortalecimiento del trabajo en torno a la prevención de la tortura y malos tratos en los lugares de encierro de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, en la reunión se acordaron acciones en conjunto, temáticas a abordar y trabajar, así como la organización de actividades a realizarse durante el año.

Cabe recordar que la ley 5787, que da marco al Mecanismo Local de la Ciudad,  prevé la conformación de un Consejo para la Prevención de la Tortura, el cual deberá estar integrado por representantes de la sociedad civil y dos representantes en el propio Comité Local. Al respecto, se destaca que los y las representantes de las organizaciones antes mencionadas han culminado las etapas previstas en la reglamentación marco, pero se encuentra pendiente por parte de la Legislatura porteña el tratamiento de las postulaciones de acuerdo a lo establecido en el art. 28 del Decreto Reglamentario de la ley 5787-298/20, situación que no puede ser un impedimento para el trabajo articulado y de manera conjunta.