La Sala I de La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del comisario a cargo de la dependencia y el elevamiento de la causa a juicio oral.
El delito ocurrió en la Comisaría Vecinal 3A durante el motín del 23 de marzo pasado. En este contexto, una mujer trans que se encontraba alojada allí fue abusada sexualmente. Por este motivo, se iniciaron actuaciones judiciales y fueron imputados el comisario y una de las personas detenidas.
La Defensoría del Pueblo intervino en la causa por medio de la Unidad de Aplicación del Mecanismo para la Prevención de la Tortura, la cual colaboró con la fiscalía y aportó material específico elaborado sobre los hechos ocurridos así como informes previos que daban cuenta de la falta de condiciones mínimas para el alojamiento de personas de forma permanente en dicha comisaría.
Este organismo sostiene que es imperioso el desalojo de las comisarías vecinales para evitar situaciones de extrema gravedad y violatorias de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
De allí también se desprende la necesidad de contar con dispositivos de alojamiento específicos para varones, mujeres e integrantes de la comunidad LGBT, con el objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos que establecen que los lugares de encierro deben cumplir con determinadas condiciones de habitabilidad y seguridad, en particular para los colectivos en situación de vulnerabilidad.
