En el “Día Internacional de la Mujer”, desde el Centro de Protección de Datos Personales (CPDP) de la Defensoría del Pueblo, continuamos con nuestro compromiso de trabajar sobre la violencia de género digital, una modalidad que se ha incrementado fuertemente en el contexto de la pandemia.
La “violencia digital” se define como aquella que afecta la reputación digital de las mujeres al lesionar alguno o varios de sus derechos digitales, como la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad o vulnera cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual, porque ése es un espejo de las relaciones de poder que se dan en la sociedad.
Concretamente desde el CPDP diseñamos campañas de difusión, guías informativas y de concientización sobre violencias contra la mujer, explicando cada tipo de conducta y brindando recomendaciones para evitarlas. Asimismo realizamos talleres en establecimientos educativos sobre el uso responsable de la tecnología, asesoramos jurídicamente en casos de violencia contra la mujer (difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, hostigamiento digital, acoso sexual callejero, entre otros).
En esta línea de trabajo, este Centro ha intervenido en la recuperación de cuentas de redes sociales verificadas de activistas feministas, incluso la correspondiente alMinisterio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, en la creencia de la importancia de garantizar el derecho delibertad de expresión.
Las múltiples labores que se llevan adelante desde este Centro tienen por objeto contribuir a erradicar todo tipo de violencias contra la mujer, ya sea desde la información, asesoramiento o acompañamiento de las damnificadas.
Es por ello que, en este día aprovechamos a difundir el accionar realizado por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) de la que este Centro forma parte. Se trata de la “Declaración contra la violencia digital en mujeres y niñas”, que tiene por objeto que los Estados Iberoamericanos, desde una perspectiva global y regional, avancen en la tarea de incorporar en sus respectivos marcos legislativos y en sus políticas públicas las distintas formas de violencia digital contra las mujeres, niñas y adolescentes, estableciendo mecanismos de tutela judicial y administrativos.
