La Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participó hoy de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Natalia DeNegri c/ Google», por el denominado «Derecho al Olvido», donde recomendó que este instituto pase a denominarse «Derecho de Supresión de Datos Personales» y propuso que “se incorpore la perspectiva de género como uno de los elementos constitutivos del ejercicio de este derecho”.
En primer lugar, la Defensora del Pueblo propuso que el «mal llamado Derecho al Olvido» pase a denominarse «Derecho de Supresión de Datos Personales». Además que “se incorpore la perspectiva de género como uno de los elementos constitutivos del ejercicio de este derecho”.
El encuentro se llevó a cabo desde las 10 en la sede del Palacio de Justicia de la Nación, ubicada en Talcahuano 550. En su alocución, Muiños habló “en representación y defensa de los vecinos y vecinas” de la Ciudad de Buenos Aires y recordó que “desde la sanción de la ley local de protección de datos personales, la Defensoría del Pueblo porteña es la autoridad de control en la materia respecto del sector público local”, a través del Centro de Protección de Datos Personales (CPDP).
Respecto del caso Denegri que se analizó en la audiencia, Muiños opinó: “En la normativa vigente en nuestro país, se garantiza a toda persona el derecho a la rectificación, actualización y, cuando corresponda, la supresión. En este sentido entendemos que, bajo ese entramado normativo, el de hábeas data, corresponde dar solución al presente caso”.
Sobre la importancia de Internet en la vida de las personas, la Defensora del Pueblo porteña afirmó que esta herramienta se utiliza para “consumir, estudiar, relacionarnos con otras personas” y que, en ese contexto, “resulta muy difícil salirse de la lógica que imponen los intermediarios” como Google y otros buscadores. Por esa razón, Muiños pidió que “allí también deben aplicarse las reglas vigentes”.
En un tramo de su discurso, la Defensora del Pueblo ejemplificó con algunos casos de personas que se perjudican por información propia, desactualizada y perjudicial que sigue publicada en Internet: “Personas denunciadas por una contravención y luego absueltas, que tienen dificultad para conseguir empleo porque sus datos continúan apareciendo en la red sin actualizar”, dijo y añadió: “Personas que, optando por un cambio de identidad de género, siguen figurando con la identidad anterior”.
Además, remarcó la gravedad que tiene este tema para casos de violencia de género: “Trabajamos sobre la denuncia de una mujer que al colocar su nombre en el buscador surgía información de veinte años atrás, cuando había sido víctima de violencia de género, producto de una violación. Entendiendo ella que esto afectaba gravemente su intimidad, revictimizándola (…) Por eso está en nuestra agenda trabajar en ese sentido y por eso el retiro de información no consentida y sensible por motivos de género debe ser una prioridad”. Además, aclaró la Defensora que «quiero incorporar para el análisis de esta Corte, que al momento de dictar sentencia incorpore la perspectiva de género como uno los elementos constitutivos del ejercicio de este derecho, ya que somos las mujeres quienes además de sufrir un eventual perjuicio al momento de relacionar nuestro nombre con acciones del pasado contra nuestra voluntad vemos agravado dicho perjuicio por la estigmatización en relación con el género«.
Sobre el final de su alocución, la representante de la Defensoría señaló que “el instituto que hoy se discute no podría aplicarse a casos de especial relevancia histórica, casos de corrupción, otros que involucren al ejercicio de la función pública o situaciones de especialísima trascendencia. Es decir que la baja de contenidos procedería cuando no se pongan en riesgo los derechos de otras personas”.
Respecto del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, solicitó que “el instituto jurídico en discusión se denomine Derecho de Supresión de Datos Personales, tal como lo prevé la norma, para evitar que eventualmente esta sentencia quede emparentada en el futuro con olvidar”.
En la foto, la Defensora del Pueblo María Rosa Muiños, junto a las abogadas del Centro de Protección de Datos Personales, María Julia Giorgelli y Natalia Monti, acompañadas por el abogado Adrián Gómez.
