El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (GDPR) entra en vigencia a partir del 25 de mayo de 2018 en la Unión Europea, lo que implica la implementación de un nuevo marco regulatorio que se aplica sobre los modos en que las empresas y organismos recogen, almacenan y utilizan la información personal.
El GDPR reconoce dos aspectos fundamentales: el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de información personal, interviniendo de forma contundente sobre el cumplimiento del derecho a la protección de datos en Internet. De este modo, el nuevo reglamento europeo establece el carácter indispensable y obligatorio de la existencia del consentimiento por parte del titular del dato para su publicación en Internet, que «…debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet…» (art. 32).
Por otra parte, regula la aplicación del derecho al olvido, de suma importancia en el contexto en que la empresa Google reconoció que 2,4 millones de personas han presentado solicitudes para ejercer el «derecho a ser olvidado». En caso de incumplimiento la norma prevé la aplicación multas.
Frente a este avance regulatorio en la protección de los datos personales, cuya manipulación o comercialización sin consentimiento ha generado varios debates en el presente, la empresa Facebook con el propósito de eludir la GDPR, mudaría su sede internacional de Irlanda, instalándose en los Estados Unidos. Para Eduardo Peduto, titular del Centro de Protección de Datos Personales, “este cambio de jurisdicción, de Irlanda a Estados Unidos, nos demuestra una vez más la necesidad de que, en el seno de la ONU, se celebre la firma de un Pacto Internacional del Derecho a la Privacidad e Intimidad de las Personas bajo cualquier forma de soporte, aplicación o herramientas digitales, de forma tal de impedir esta volatilidad jurídica.
