La manifiesta desigualdad entre mujeres y hombres ha convertido la violencia contra las mujeres en un problema continuo y endémico, aunque evitable por medio de la adopción de políticas públicas adecuadas.
Entre los factores asociados a un mayor riesgo de ser víctima de violencia de género figuran un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber estado expuestas a escenas de violencia entre los progenitores, el maltrato durante la infancia, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. Para que el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas pueda hacerse realidad se requieren leyes que protejan a las mujeres y castiguen a los perpetradores, políticas que ayuden a reconstruir las vidas de las mujeres y medidas de prevención integral de aplicación temprana.
El derecho internacional ha asumido la gravedad de este problema y ha consagrado el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y lo ha establecido como un desafío prioritario por la comunidad internacional y también por nuestro marco normativo interno, tanto nacional como local. Desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha sostenido que “un acceso de iure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos resulta indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres”.
En virtud de esta realidad, en el ámbito del CDH se creó, mediante Disposición nº 82/17, el programa de Asesoramiento y Patrocinio Gratuito Especializado en Violencia de Género
