Con la iniciativa, se busca ampliar el grado de protección de las víctimas del delito, por medio de la creación de una prestación económica inmediata que les permita a las personas rescatadas la posibilidad de contar con un ingreso mensual suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
No se debe perder de vista que la persona víctima de las redes de trata se encuentra inmersa en una situación de extrema vulnerabilidad, ha sido cosificada por sus tratantes, carece de un medio de vida propio y probablemente esté alejada de su grupo familiar, si es que lo tiene.
Si bien la Ley Nacional 26.364, y su modificatoria Ley 26.842, prevé una asistencia integral a las víctimas de este flagelo desde el momento de su rescate, en la práctica no existen mecanismos para garantizarse una asistencia económica inmediata para las víctimas que les permita sostenerse de manera autónoma para no volver a ser captadas y poder cubrir sus necesidades básicas como vivienda, alimentación y salud.
Por todo ello, resulta de vital importancia que la persona que fue víctima del delito de trata de personas tenga los recursos necesarios para emprender el camino de su propia autonomía económica y poder generar las condiciones que le permitan volver a construir un proyecto propio de vida.
