En abril de 2018 se celebraron 10 años de la aprobación de la Ley n° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (que fuera modificada en el año 2012 por la Ley n° 26.842). La norma -que es un modelo para la región y el mundo en términos de estándares de combate a la trata de personas y de garantía de los derechos de las víctimas- es el resultado del accionar de diferentes actores sociales en pos de un marco normativo que diera cumplimiento en el plano interno al Protocolo de Palermo[1] -adoptado por las Naciones Unidas en el año 2000 y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional- así como de otros instrumentos internacionales oportunamente suscriptos por el Estado argentino.
Trascurrida una década desde que entrara en vigencia esta ley fundamental son muchos los logros y avances que se han visto cristalizados al tiempo que se advierten renovados retos y desafíos. En tal contexto, el Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone hacer un conciso balance de los principales logros obtenidos así como los desafíos que se presentan para una mejor aplicación de la Ley N° 26.364 y su modificatoria, con especial referencia a la jurisdicción de la Ciudad. Así, el presente trabajo pretende contribuir al debate sobre el abordaje integral que debe tener esta problemática y posibilitar así repensar algunas políticas públicas para alcanzar un combate efectivo del delito de trata de personas y una asistencia eficaz de las víctimas que les otorgue un verdadero empoderamiento, y que les permita reinsertarse en la sociedad con un proyecto de vida autónomo.
En el Informe publicado por el Consejo de Derechos Humanos se abordaron algunas cuestiones actuales en la temática que permitieron tener un panorama completo de la problemática y su abordaje en todos sus aspectos: estadísticas, adecuación institucional, asistencia integral a la víctima, actuación judicial, entre otros.
El análisis de los avances obtenidos y también de los obstáculos existentes para la aplicación de Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas resulta enriquecedor en la medida en que permite establecer algunos desafíos para emprender hacia el futuro.
Estos diez años de vigencia de la ley nos han brindado un recorrido que nos ha permitido detectar las debilidades del abordaje y los recursos que deben destinarse para prevenir este delito; por tanto, estamos obligados como Estado a materializar acciones concretas que redunden en políticas públicas eficaces y eficientes que proporcionen verdaderas respuestas a aquellas personas que son víctimas de este delito tan atroz.
[1] Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada Transnacional.
