La prestación, regulación y control de los servicios públicos es una responsabilidad estatal dirigida a satisfacer necesidades básicas de carácter individual y social. El acceso al gas, la electricidad y el agua potable son esenciales para la realización de otros derechos humanos.
El derecho a una vivienda adecuada comprende un espacio habitable, cuya tenencia sea segura y posibilite el acceso a infraestructura y servicios básicos. Debe garantizarse más allá de los recursos económicos de las personas.