Además del análisis crítico de los contenidos de la propuesta educativa, y de postular el más amplio rechazo, hubo coincidencia general en reclamar el cese de todo tipo de persecución, evidenciada en la presencia intimidatoria de personal policial en las escuelas, y la anulación del protocolo de denuncia en comisarías y fiscalías enviado a las escuelas a través de la línea ministerial y hoy negado por las más altas autoridades.
Otra de las cuestiones presentadas con profunda convicción por los estudiantes es la necesidad de incluir en las escuelas un plan de capacitación en educación sexual integral tanto para docentes como para alumnos y alumnas y un “protocolo de prevención y asistencia en violencia de género”.
Las y los jóvenes delegados hicieron relatos conmovedores acerca de situaciones atravesadas por compañeras víctimas de acoso o abuso que no tuvieron la atención o el seguimiento adecuados. Denunciaron también la presencia de posibles redes de trata en las inmediaciones de varios establecimientos educativos que es preciso investigar con celeridad.
Desde la Defensoría del Pueblo se realizan múltiples acciones para la prevención de la violencia de género y la protección de sus víctimas. Además del seguimiento de reclamos en materia de inseguridad y las cuestiones puntuales de infraestructura escolar ampliamente monitoreadas.
Frente al reclamo de los y las estudiantes por la temática de violencia de género insistiremos con el tratamiento legislativo del proyecto presentado por el Defensor Dr. Alejandro Amor en la legislatura porteña sobre la creación de Asesorías especializadas en educación sexual violencia y género, para las escuelas primarias y secundarias, proyecto basado en ideas de destacadas especialistas en la temática como la Asociación Argentina de Educadoras y Educadores Sexuales (AAES) y en distintas iniciativas parlamentarias.
El Consejo de los derechos de niñas niños y adolescentes y los equipos de Asistencia Socio Educativa del Ministerio de Educación tienen que escuchar con atención estos reclamos. La eficacia de los dispositivos existentes ha sido puesta en duda por la realidad que viven los y las adolescentes. Y el cumplimiento de la ley de Educación sexual integral y otras normas basadas en los tratados internacionales de derechos humanos es un reclamo de la comunidad.
Por si fuera poco hay un mandato legal a cumplir por el conjunto de funcionarios del Estado, claramente expresado en el artículo 24 de la Constitución porteña de 1996, cuando dice que la ciudad garantiza un sistema educativo que “ Contempla la perspectiva de género. Incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual”.
Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos insistiendo en construir las mesas de diálogo y de trabajo que hagan falta para rediseñar los procedimientos o protocolos demandados y encontrar canales para discutir una reforma basada en los intereses reales de la comunidad educativa, de sus verdaderos protagonistas.
Maria Elena Naddeo
Directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la CABA
